La investigación por la estafa informática que en abril de 2023 desvió 25 millones de pesos de las cuentas de la Municipalidad de Concepción del Uruguay avanza hacia su etapa final. Esta semana se confirmaron dos nuevas detenciones y la Fiscalía trabaja en la elevación a juicio oral, con un total de 13 personas imputadas.
Tras el cambio de fiscal —la causa pasó de la ahora jueza Gabriela Seró a la fiscal María Becker— se aceleraron las actuaciones, que buscan esclarecer el entramado delictivo detrás de una compleja maniobra de cibercrimen que afectó las finanzas del Estado municipal.
Dos nuevas detenciones: una pista desde una cancha de fútbol
En mayo, durante un operativo de seguridad en un partido de fútbol en Buenos Aires, la Policía logró detener a Luis Alberto Moreno. Su aprehensión permitió localizar también a su hermana, Agustina Beatriz Moreno, quien fue indagada en el marco de la causa. Ambos fueron liberados bajo normas de conducta y contarán con defensa oficial a cargo de la doctora Romina Pino.
Con estas detenciones, se alcanzó un total de 13 personas involucradas, todas imputadas como coautoras del delito de estafa informática, en libertad pero sujetas a condiciones judiciales.
El esquema piramidal detrás del fraude
Según los investigadores, los hermanos Moreno integraban la base de una estructura delictiva tipo piramidal. Entre los involucrados también figuran:
- Gabriela Salomón, Nicolás Romero y Armando Luis Carrizo, todos de Buenos Aires.
- Ángel López, oriundo de Misiones.
- Mariano Romero y Sergio Soruco, con defensa del Estudio José Ostolaza.
- Sofía Peirat y Pedro San Esteban, asistidos por los abogados Miguel Cullen y Anderson Lozano.
- Gonzalo Iván Ybalo, detenido por Prefectura en abril.
El grupo estaría compuesto mayormente por quienes prestaron sus datos o dispositivos para realizar las operaciones. Pero la Fiscalía ya trabaja sobre el segundo escalón de la pirámide: los reclutadores, quienes convencían a las personas de abrir cuentas bancarias bajo la promesa de recibir ganancias por inversiones ficticias.
Entre ellos se destacan dos mujeres oriundas de Mendoza: Teresa del Carmen García (62) y Lina Alejandra Napoleone (55), sindicadas como responsables de simular estar al frente de un plan financiero. Según la investigación, operaban desde sus domicilios, donde captaban a posibles “inversores” que, sin saberlo, facilitaban el canal para cometer el fraude.
El ataque informático: un malware y una maniobra sofisticada
La estafa se produjo el 3 de abril de 2023 y fue denunciada por el apoderado legal de la Municipalidad. Según los peritajes informáticos realizados por la Policía de Entre Ríos, días antes —el 31 de marzo a las 07:30 hs— un correo electrónico malicioso permitió la instalación de un software que simulaba ser un controlador de Intel. Al ejecutarse, el virus se alojó en el usuario “Tesorería” de una computadora del área financiera.
El malware, identificado como Grandoreiro, tenía una mecánica avanzada: evitaba ser detectado por antivirus y sistemas de seguridad, burlando los cortafuegos de Windows. Desde ese momento, el sistema fue controlado de forma remota, permitiendo a los delincuentes acceder a claves, usuarios y coordenadas del Home Banking municipal.
Incluso se identificaron archivos y gráficos vinculados al Banco de Entre Ríos, lo que sugiere la creación de una interfaz falsa (phishing) para inducir al personal municipal a realizar transferencias o manipular el sistema sin sospechar que estaban siendo monitoreados.
Próximos pasos: juicio oral y posible ampliación de la investigación
Con el cambio de fiscal, la causa —tramitada bajo el legajo Nº 2367/23— está próxima a ser elevada a juicio oral. No se descarta que, con el avance de las pericias, puedan sumarse más imputados o ampliarse las responsabilidades de quienes ya fueron indagados.
Mientras tanto, la Municipalidad continúa con sus propios controles internos para reforzar los sistemas de ciberseguridad y evitar que un hecho de estas características vuelva a ocurrir.
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