En la madrugada de este jueves, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la reforma de la Ley de Glaciares en una sesión que se extendió hasta pasadas las 2:30. La votación terminó con 137 apoyos, 111 rechazos y 3 abstenciones. Los nueve diputados nacionales que representan a la provincia de Entre Ríos se mostraron divididos: cinco acompañaron la iniciativa y cuatro la rechazaron, dejando al descubierto la línea política de cada bloque.
Los legisladores entrerrianos que votaron a favor fueron Darío Schneider (UCR), Alicia Fregonese (PRO), Francisco Morchio (La Libertad Avanza), Beltrán Benedit (La Libertad Avanza) y Andrés Ariel Laumann (La Libertad Avanza). En tanto, los que se opusieron a la reforma pertenecen a Unión por la Patria: Gustavo Bordet, Marianela Marclay, Guillermo Michel y Blanca Inés Osuna.
La reforma modifica la Ley 26.639, sancionada en 2010, redefiniendo las áreas protegidas. Ahora, solo se consideran zonas protegidas los glaciares y periglaciares con “función hídrica comprobada o relevante”. Esto abre la posibilidad de realizar actividades productivas, principalmente en el sector minero, en áreas que antes estaban bajo restricciones más estrictas. Desde el Gobierno nacional destacan que la medida brinda mayor seguridad jurídica y fomenta inversiones, mientras que organizaciones ambientalistas y legisladores opositores advierten sobre un retroceso en la protección del agua y otros recursos estratégicos.
El debate mostró un claro alineamiento político: la mayoría de los legisladores entrerrianos respaldó la reforma impulsada por el oficialismo nacional, mientras que el bloque peronista provincial se mantuvo unido en su rechazo. La norma también otorga más poder a las provincias para decidir sobre estudios de impacto ambiental, que antes dependían exclusivamente del Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA) con sede en la Patagonia.
El voto de los entrerrianos refleja la tensión entre el desarrollo productivo y la conservación ambiental, un tema que seguirá generando debate en todo el país. La reforma aprobada marca un cambio significativo en la gestión de los glaciares y zonas periglaciares, y será clave observar cómo se implementan estas modificaciones en los próximos meses.
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