El Departamento de Medicina Preventiva y Laboral de la Corte Suprema emitió un dictamen sobre el Juzgado Federal N° 2 de Concepción del Uruguay, a cargo de la jueza María Isabel Caccioppoli, en el que advirtió un “clima laboral desfavorable” producto de “conductas inapropiadas y un deficiente ejercicio de liderazgo”. La recomendación fue que, hasta nueva evaluación, la comunicación entre la magistrada y el personal se realice a través de un intermediario designado. La Cámara Federal de Paraná tomó medidas en esa línea.
El informe fue el resultado de una intervención administrativa que se activó tras llamados de empleados que denunciaban situaciones de malestar interno, sumado a la preocupación expresada por la propia jueza en una entrevista preliminar. Caccioppoli, quien desde inicios de 2025 también subroga el Juzgado Federal N° 1 tras el fallecimiento del juez Pablo Andrés Seró, había solicitado un examen psicofísico para el personal y señaló que varios agentes atravesaban tratamientos de salud en un contexto de duelo institucional por la pérdida de su ex titular.
La comisión interdisciplinaria del Departamento aplicó entrevistas y herramientas diagnósticas que revelaron un panorama complejo: predominio de respuestas negativas respecto al clima de trabajo, relatos sobre falta de confianza y reconocimiento, y un equipo dividido en el que, según el dictamen, “prevalece la cultura del rumor y la desconfianza”. El informe concluyó que la autoridad de la jueza estaba “desacreditada” frente al personal y dejó constancia de un caso de internación por crisis hipertensiva vinculada a episodios de estrés laboral.
Como medidas inmediatas, se recomendó que Caccioppoli prescinda del trato directo con los empleados y que la comunicación se canalice por un referente judicial. Además, se propuso implementar talleres de bienestar laboral y liderazgo, encuentros grupales para recomponer la dinámica de equipo y reuniones periódicas entre la magistrada y los tres secretarios del juzgado para coordinar la organización interna.
El 25 de agosto, la Cámara Federal de Paraná dictó una resolución en la que notificó a la jueza, a los secretarios y al personal del dictamen. También ordenó poner en marcha las recomendaciones, incluyendo los talleres y el esquema de comunicación mediada. Asimismo, estableció que en un plazo de tres meses se deberá realizar un monitoreo para evaluar si las condiciones laborales mejoran o si corresponde otra intervención.
La resolución, firmada por los jueces de Cámara Mateo Busaniche y Beatriz Aranguren, fue remitida al Consejo de la Magistratura, que ahora deberá analizar si corresponde aplicar nuevas medidas o acompañamientos adicionales en el funcionamiento del Juzgado Federal N° 2.
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