El Gobierno de Entre Ríos presentó un proyecto de ley de Gestión Ambiental de Actividades Económicas, que fue enviado a la Cámara de Diputados provincial y propone instalar la noción de “democracia ambiental” como eje central en la toma de decisiones públicas. La iniciativa se conoció este martes y fue elaborada por la Secretaría de Ambiente junto al Ministerio de Desarrollo Económico, con la participación de equipos técnicos y funcionarios provinciales.
El proyecto plantea alinear el desarrollo económico con la sostenibilidad y la equidad intergeneracional, garantizando el derecho de las personas a vivir en un ambiente saludable y equilibrado. Además, propone actualizar el marco legal vigente para modernizar los procedimientos ambientales y facilitar la participación ciudadana en proyectos de alto impacto.
El texto busca derogar la Ley N° 6260 de 1978, sobre prevención y control de la contaminación industrial, y reemplazarla por una normativa más moderna que contemple los nuevos desafíos ambientales y tecnológicos. También toma como base el Decreto N° 4977/09, que regula la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), pero propone una actualización integral para mejorar la eficacia administrativa y la transparencia.
Uno de los puntos más destacados es la creación del Certificado Único Ambiental (CUA), que reemplazará a varios certificados existentes y simplificará los trámites ante la autoridad provincial. Esta herramienta busca reducir la burocracia, mejorar la gestión ambiental y promover el uso responsable de los recursos naturales.
Desde el Ejecutivo se remarcó que la nueva Ley reconoce el derecho de la ciudadanía a participar activamente en los procesos ambientales, garantizando un control social sobre los proyectos económicos y productivos. En esa línea, se subrayó que “las decisiones económicas no deben mirar solo el beneficio inmediato, sino asegurar un futuro viable para las próximas generaciones”.
La iniciativa también promueve la incorporación de tecnologías digitales en los procedimientos públicos, para agilizar gestiones, aumentar la transparencia y fortalecer el acceso ciudadano a la información. Con esta reforma, el Gobierno provincial busca avanzar hacia un modelo de desarrollo equilibrado que conjugue crecimiento económico, justicia ambiental y participación social.
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