El uso de un vehículo municipal por parte del intendente de Colón, José Luis Walser, durante un viaje a Brasil que incluyó días de descanso familiar, generó un nuevo foco de tensión política en la ciudad. El hecho ocurrió días atrás, fuera del país, e involucró al jefe comunal y a su entorno familiar, tras un episodio vial que tomó estado público y abrió un debate institucional sobre el uso de bienes públicos.
La concejala María de los Ángeles Frencia, integrante del bloque de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante de Colón, expresó que la situación exige explicaciones administrativas claras. La edil sostuvo que la solidaridad humana ante lo ocurrido no anula la obligación de rendir cuentas y afirmó que el control del Ejecutivo forma parte central del rol que ejercen los concejales en representación de los vecinos.
La dirigente señaló que el uso de una camioneta oficial en un traslado que combinó actividades personales y familiares plantea interrogantes que no pueden ser ignorados. Frencia explicó que el eje del planteo no pasa por emitir juicios anticipados, sino por conocer bajo qué autorizaciones y con qué marco legal se utilizó un bien que pertenece a toda la comunidad.
Desde el bloque opositor advirtieron que el episodio impacta en la credibilidad de la gestión municipal. La concejala remarcó que el actual gobierno llegó al poder con un discurso centrado en la transparencia y que, por ese motivo, las dudas no aclaradas generan un daño mayor a la imagen institucional del municipio ante la región.
Frencia cuestionó además la explicación pública brindada por el intendente, al considerar que tuvo un fuerte contenido emocional y escasos elementos técnicos. La edil afirmó que, cuando se trata del uso de recursos públicos y de viajes al exterior, las respuestas deben apoyarse en documentación, actos administrativos y datos concretos que respalden cada decisión.
En relación al reconocimiento del uso del vehículo oficial, la concejala indicó que el debate no se centra en si el intendente afrontó gastos como combustible o peajes con dinero propio. La referente de La Libertad Avanza sostuvo que lo relevante es la utilización de un bien del Estado para un fin personal, una situación que podría encuadrarse como una irregularidad grave y que deberá ser analizada por la Justicia si así se avanza.
El bloque opositor también cuestionó la intensificación de anuncios y actividades de gestión posteriores a la denuncia. Frencia afirmó que esa agenda busca correr el eje del debate y minimizar un hecho que requiere respuestas claras, y advirtió que la transparencia no se reemplaza con comunicación política ni con anuncios de gestión.
Finalmente, la concejala confirmó que La Libertad Avanza presentó pedidos de informes y exigirá que sean respondidos dentro de los plazos que marca la Ley 10027. Frencia aseguró que el espacio evalúa avanzar por la vía judicial si las explicaciones no llegan y sostuvo que el objetivo no es hacer política con el caso, sino esclarecer los hechos y defender el uso responsable de los bienes públicos.
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