El Gobierno nacional puso en vigencia este viernes en Argentina la reforma laboral establecida por la Ley 27.802, aprobada previamente por las Cámaras de Diputados y Senadores, mediante el Decreto 137/2026 firmado por el presidente Javier Milei junto al jefe de Gabinete Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello. La norma comenzó a regir de inmediato en todo el país y el Gobierno la presentó como una herramienta destinada a impulsar la creación de empleo formal.
La nueva legislación introduce cambios en la relación entre empleadores y trabajadores. La reforma modifica el sistema de indemnizaciones, amplía la posibilidad de organizar jornadas laborales más flexibles y habilita mecanismos para reducir la litigiosidad en conflictos laborales. El oficialismo sostiene que estas medidas permitirán reducir costos de contratación y generar condiciones más previsibles para que las empresas incorporen personal.
El Gobierno sostiene que la flexibilización del mercado laboral facilitará la generación de empleo en el sector privado. Sin embargo, distintos analistas económicos advierten que la creación de nuevos puestos de trabajo depende en gran medida del nivel de actividad y de la demanda interna. Las empresas suelen ampliar sus plantillas cuando aumenta el consumo y cuando las perspectivas de crecimiento justifican nuevas inversiones.
La economía argentina atraviesa un escenario complejo para ese objetivo. Los indicadores de producción industrial y de empleo registraron retrocesos en los últimos dos años, con caída en distintos sectores productivos y cierre de empresas. En ese contexto, especialistas sostienen que la reducción de costos laborales por sí sola no garantiza que las empresas decidan expandir su dotación de trabajadores.
La puesta en marcha de la reforma laboral abre así un nuevo capítulo en el debate económico argentino. La norma propone modernizar las reglas del mercado laboral, pero todavía genera interrogantes sobre si alcanzará para impulsar la creación de empleo en una economía que enfrenta desafíos vinculados al consumo, al financiamiento productivo y a los cambios tecnológicos en el mundo del trabajo.
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