El Tribunal Oral de Concordia leyó este martes la sentencia que cerró el proceso abreviado contra la exconcejal Julia Elena Sáenz y su pareja, Carlos Alberto Gómez, quienes admitieron haber cometido delitos de corrupción entre 2015 y 2020 en la ciudad de Concordia. La Justicia confirmó que ambos participaron de maniobras ilegales relacionadas con Concusión Agravada y Tráfico de Influencias.
La causa determinó que Sáenz y Gómez asumieron la culpa por los hechos investigados, luego de reconocer ante el fiscal y sus defensores que las acusaciones eran reales. El tribunal dejó asentado que este reconocimiento tiene validez dentro del acuerdo de Juicio Abreviado, herramienta que permitió avanzar en una resolución rápida y con aceptación de las partes involucradas.
El acuerdo incluyó la conformidad de los imputados con la descripción de los hechos, con la calificación legal asignada por el Ministerio Público Fiscal y con la pena que se les impuso. Con esta aceptación, el tribunal avanzó hacia la lectura del fallo que marca un antes y un después en el ámbito político local.
La sentencia estableció para la exintegrante del bloque del Partido Justicialista —quien ejerció su cargo entre 2019 y 2023— y para su pareja una condena de 3 años de prisión condicional. Además, ambos deberán pagar una multa individual de 1.500.000 pesos y quedaron inhabilitados de manera absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos.
Los condenados también recibieron reglas estrictas de conducta que deberán cumplir durante los próximos tres años. Entre ellas, informar su domicilio de manera regular, evitar el consumo de estupefacientes o el abuso de alcohol en espacios públicos, desempeñar un trabajo acorde a sus capacidades y realizar 150 horas de tareas comunitarias durante los primeros dos años de la condena. A esto se suma la obligación de presentarse cada cuatro meses ante la Oficina de Medios Alternativos para verificar el cumplimiento de estas medidas.
La investigación permitió reconstruir una maniobra que perjudicó a trabajadores municipales durante varios años. Los hechos demostraron que Sáenz, aprovechando su cargo, exigía a empleados municipales la entrega de un porcentaje de sus salarios como condición para mantener sus contratos, práctica que vulneró derechos laborales y generó un perjuicio económico directo sobre quienes dependían de su continuidad laboral.
El caso dejó expuesto un esquema de abuso de poder que se sostuvo en el tiempo y que terminó con una condena ejemplificadora. La sentencia busca marcar límites claros frente a prácticas que dañan la transparencia institucional y que vulneran la confianza de la ciudadanía en sus representantes.
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