Una denuncia penal por presuntas amenazas fue presentada el viernes en Concepción del Uruguay por el concejal y abogado Juan Martín Garay contra Carlos Máximo Acosta, conocido como “Carloncho”, abogado y actual Jefe de Legales Zona Centro Oeste de ENERSA. La presentación judicial se originó luego de un audio que, según indicó el edil, recibió el miércoles tras realizar declaraciones públicas sobre el ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso.
De acuerdo con la presentación, el conflicto se desencadenó luego de una opinión formulada por Garay en un contenido audiovisual difundido por Uruguayenses Digital y posteriormente replicado por redes sociales y otros medios regionales. En esa intervención, el concejal cuestionó al funcionario provincial, quien además mantiene un vínculo familiar con Acosta, al ser su sobrino.
Según consta en la denuncia, después de esas declaraciones Garay recibió un audio de WhatsApp atribuido a Acosta, en el que se habrían expresado amenazas vinculadas tanto a su integridad física como a aspectos de su ámbito familiar y laboral. El denunciante sostuvo además que en el mensaje se hizo referencia al “cuarto piso”, lugar donde funciona el Honorable Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay, situación que, según expresó, incrementó su preocupación ante la posibilidad de un encuentro personal.
La causa fue encuadrada bajo el artículo 149 bis del Código Penal Argentino, que contempla sanciones para quien utilice amenazas destinadas a alarmar o amedrentar a otra persona. Como parte de la prueba ofrecida, Garay puso a disposición su teléfono celular para que el contenido del audio pueda ser sometido a peritajes y eventualmente desgrabado por personal especializado de la División Científica de la Policía de Entre Ríos.
Además, el edil solicitó medidas cautelares de protección y pidió que la Justicia evalúe una restricción de acercamiento de al menos 200 metros respecto de su domicilio particular, su estudio jurídico y los lugares donde desarrolla actividades institucionales.
En paralelo a la actuación penal, Garay presentó una segunda acción ante el Colegio de la Abogacía. En ese ámbito cuestionó la conducta atribuida a Acosta desde el punto de vista ético y profesional, al considerar que el contenido denunciado podría constituir una falta a las normas que regulan el ejercicio de la profesión.
Sobre la situación, Garay señaló: “Como concejal de la ciudad y como profesional del derecho, tengo la responsabilidad de cuidar las instituciones y respetar los canales democráticos. Frente a las amenazas recibidas por el solo hecho de expresar una opinión, he tomado la decisión que corresponde a cualquier ciudadano: recurrir a la Ley y realizar la denuncia penal correspondiente ante la Justicia”.
En la misma declaración agregó: “Este no es un conflicto personal entre dos profesionales; es un hecho inadmisible que atenta contra la libertad de expresión y el libre ejercicio de la función pública para la cual fui elegido por los vecinos”. También sostuvo que evitará difundir mayores detalles sobre el contenido presentado: “Para no entorpecer la investigación en curso, todos los detalles y pruebas quedarán estrictamente bajo el análisis del juzgado interviniente”.
Hasta el momento no trascendió una respuesta pública de Acosta respecto de las acusaciones realizadas por Garay ni sobre el contenido del audio incorporado a la causa. Tampoco se informó si la Fiscalía adoptó medidas inmediatas en relación con el pedido de restricción de acercamiento. La investigación y la actuación disciplinaria se encuentran en una etapa inicial y serán las autoridades competentes las que determinen el alcance de los hechos denunciados y las eventuales responsabilidades.
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