El intendente de Colón, José Luis Walser; su esposa, Gimena Paola Bordet, y el secretario de Gobierno municipal, Mariano Bravo, fueron citados a prestar declaración como imputados el próximo 15 de octubre. La medida fue dispuesta por la Unidad Fiscal de Colón en el marco del legajo judicial Nº 204/2026, que investiga el presunto uso de un vehículo oficial durante un viaje a Brasil.
La causa se originó a partir del viaje realizado el 9 de diciembre de 2025, cuando Walser se trasladaba junto a su familia en una camioneta Mitsubishi Dakar perteneciente a la Municipalidad de Colón. El vehículo volcó en una ruta del estado brasileño de Rio Grande do Sul, en medio de intensas lluvias. El accidente dejó a varios integrantes de la familia con lesiones y motivó una investigación sobre el uso del rodado municipal.
En los días posteriores, el episodio generó repercusiones políticas en Colón. El intendente explicó que el viaje combinaba una actividad oficial en Porto Alegre con días de descanso familiar en la ciudad de Torres. Esa explicación abrió un debate sobre las condiciones en las que se utilizó el vehículo público y las autorizaciones administrativas correspondientes.
En enero de 2026, los concejales Patricia Irigoy, Martín Medina y Carlos Leonardi, del bloque 17 de Octubre, presentaron una denuncia penal para que se investigara el posible uso indebido de bienes municipales. En ese contexto, Diario La Calle publicó entrevistas a concejales sobre el caso. En una de ellas, Martín Medina planteó la necesidad de priorizar la situación humana de la familia, sin dejar de reclamar explicaciones sobre el uso de recursos públicos.
La investigación contempla el posible delito de peculado, vinculado a la supuesta utilización indebida de bienes del Estado. En el caso de Bravo, la Fiscalía lo señala como sospechoso de encubrimiento y omisión de denuncia. El funcionario habría estado a cargo del Departamento Ejecutivo municipal al momento de los hechos, un aspecto que forma parte de las actuaciones.
Las declaraciones fueron fijadas para el 15 de octubre, conforme al artículo 375 del Código Procesal Penal de Entre Ríos. La citación constituye una instancia del proceso judicial y no implica una condena ni determina por sí misma la responsabilidad penal de los convocados. La investigación deberá establecer las circunstancias del viaje, el uso del vehículo y las posibles responsabilidades de cada uno.
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