El juicio a dos policías acusados por presuntos abusos a dos menores comenzó este lunes a las 8:30 en la ciudad de Paraná, en el marco de un debate que se desarrolla a puertas cerradas, ante un jurado popular, y que tiene como imputados a dos efectivos de la Policía de Entre Ríos por hechos que habrían ocurrido en julio de 2016 en la ex Estación de Trenes.
El proceso judicial tiene como acusados al cabo Samuel Enrique Morel y al agente Ezequiel Alejandro García, quienes llegaron a esta instancia tras una investigación que se extendió durante varios años y que involucró inicialmente a cinco efectivos policiales.
Los hechos investigados habrían ocurrido el 5 de julio de 2016 durante la madrugada, en un vagón de tren ubicado en la Sección Guardia Especial de la ex Estación de Trenes de Paraná, sobre calle Pascual Palma, entre Racedo y Pronunciamiento. Las presuntas víctimas tenían 15 y 13 años al momento de los hechos y se encontraban institucionalizadas.
La acusación pública se encuentra a cargo de las fiscales Valeria Vilchez y Fernanda Rufatti, mientras que las defensas están representadas por los abogados Iván Vernengo, Damián Petenatti y Claudio Berón. La querella es ejercida por Guillermo Mulet y Leonardo Schoenfeld.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada en julio de 2016 por la Defensora Penal de Niños, Niñas y Adolescentes N° 8, quien impulsó la investigación por el presunto delito de abuso sexual con acceso carnal agravado. La denuncia dio inicio a un proceso complejo que atravesó distintas etapas judiciales.
En una primera instancia, la investigación tuvo como imputados a cinco efectivos policiales, a quienes se les atribuyeron distintos roles en los hechos denunciados. Sobre las adolescentes pesaban pedidos de localización debido a que se habían retirado de la Residencia Mujercitas, dependiente del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia.
Con el avance de la causa, tres de los sospechados resolvieron sus situaciones procesales mediante juicios abreviados a fines de 2017. En esos acuerdos se estableció que no tuvieron participación en los presuntos abusos, sino que su presencia en el lugar fue circunstancial y sin conocimiento de lo ocurrido.
En septiembre de 2017, el juez de Garantías N° 5, Mauricio Mayer, rechazó inicialmente los acuerdos al expresar su disconformidad con la calificación legal propuesta. En esa audiencia, la fiscal Vilchez modificó la calificación al considerar probado que esos tres efectivos desconocían las intenciones de sus colegas y que su única responsabilidad derivaba de su condición de funcionarios policiales.
Finalmente, en noviembre de 2017, la jueza Paola Firpo homologó los acuerdos de juicio abreviado tras un cuarto intermedio dispuesto por la ausencia de uno de los querellantes, lo que permitió cerrar la situación procesal de esos tres imputados.
El juicio que comenzó este lunes se centra exclusivamente en la responsabilidad penal de los dos policías que permanecen imputados, en un debate que se desarrolla con estrictas reservas debido a la condición de las víctimas y que mantiene la atención puesta en el funcionamiento de las fuerzas de seguridad y en la respuesta judicial frente a hechos de extrema gravedad.
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