El juicio oral y público contra Juan Enrique Ruiz Orrico comenzó este miércoles 18 de febrero en los Tribunales de Concepción del Uruguay por la muerte de cuatro jóvenes en la Ruta Provincial 39, hecho ocurrido el 20 de junio de 2024. El proceso está a cargo del juez Darío Crespo, con la acusación del fiscal Eduardo Santo y la querella del abogado Mario Arcusin, mientras que los defensores Leopoldo Lambruschini, Félix Pérez y Leandro Monje asisten al imputado.
El tribunal inició el debate a las 9 de la mañana en la sala del Tribunal de Juicio y Apelaciones, donde se desarrollarán audiencias hasta el 27 de febrero. La Justicia de Entre Ríos dispuso la transmisión en vivo de los alegatos de apertura y de cierre a través del canal oficial del Superior Tribunal de Justicia.
La Fiscalía acusó a Ruiz Orrico por homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y por la cantidad de víctimas. La investigación sostuvo que el ex titular del Instituto Portuario de la Provincia conducía un Volkswagen Passat oficial con 1,59 gramos de alcohol en sangre cuando invadió el carril contrario y chocó de frente contra un Chevrolet Corsa.
El impacto provocó la muerte de Brian Izaguirre, Lucas Izaguirre, Leandro Almada y Axel Rossi, quienes viajaban de madrugada hacia su trabajo en el frigorífico Fadel de Pronunciamiento. Las pericias técnicas incorporadas al expediente señalaron que la maniobra imprudente resultó determinante en el choque frontal.
El proceso judicial atravesó múltiples planteos de la defensa antes de llegar a esta instancia. El Superior Tribunal de Justicia rechazó los recursos presentados y dejó firme la elevación a juicio, lo que permitió fijar la fecha del debate en Concepción del Uruguay.
Las familias de las víctimas rechazaron una propuesta de reparación económica de 150 millones de pesos presentada por la defensa. Los familiares expresaron públicamente que la vida de los jóvenes no tiene precio y reclamaron una sentencia que refleje la gravedad del hecho.
Ruiz Orrico transita el proceso en libertad bajo medidas de coerción que incluyen la prohibición de conducir y la obligación de presentarse periódicamente ante la Fiscalía. El juicio pondrá a prueba la respuesta del sistema judicial entrerriano frente a un caso que conmocionó a la comunidad y que mantiene en vilo a Concepción del Uruguay y a toda la provincia.
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