En una decisión que generó fuerte repercusión a nivel nacional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobreseyó al ex sacerdote Justo José Ilarraz, condenado en 2018 a 25 años de prisión por abuso sexual agravado y corrupción de menores. El máximo tribunal entendió que los delitos habían prescripto al haber transcurrido más de 12 años desde su comisión y revocó la sentencia que lo mantenía preso.
Los hechos por los que fue condenado ocurrieron entre 1985 y 1993 en el Seminario “Nuestra Señora del Cenáculo” de Paraná, donde Ilarraz era prefecto de disciplina. Las víctimas, que tenían entre 12 y 14 años, habían ingresado al seminario con la intención de convertirse en sacerdotes. Recién en 2012 la causa llegó a la justicia penal ordinaria, tras una investigación periodística que sacó a la luz los abusos.
Los tribunales de Entre Ríos habían rechazado el planteo de prescripción de la defensa, argumentando que la gravedad de los delitos y la condición de menores de las víctimas habilitaban su imprescriptibilidad. El Superior Tribunal de Justicia provincial había respaldado esa postura con votos de jueces que apelaron al derecho internacional y a la protección integral de la infancia.
Sin embargo, la Corte Suprema, con otra lectura, afirmó que los hechos no podían considerarse crímenes de lesa humanidad y que no correspondía aplicar retroactivamente leyes más recientes. Según el fallo, el procedimiento eclesiástico no impidió la denuncia ante la justicia civil y los denunciantes, ya siendo adultos, tuvieron tiempo suficiente para recurrir a tribunales sin impedimentos legales.
Las organizaciones de víctimas y sectores vinculados a la defensa de derechos humanos calificaron la decisión como un retroceso. La causa Ilarraz había sentado jurisprudencia en Entre Ríos, siendo uno de los primeros fallos que reconocieron el derecho de las víctimas a acceder a justicia pese al paso del tiempo. Ahora, el sobreseimiento reaviva el debate sobre los plazos de prescripción en delitos sexuales contra menores.
Aunque el ex sacerdote fue expulsado por el Vaticano en 2024 y había sido apartado de sus funciones, el fallo de la Corte le devuelve la libertad plena y deja sin efecto la condena penal. La resolución también podría impactar en otros procesos similares, donde se discute si debe primar el derecho de las víctimas o el principio de legalidad penal en cuanto a la prescripción.
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