El conflicto entre la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (AOEM) y el Departamento Ejecutivo de Concepción del Uruguay se profundizó esta semana tras el paro total de actividades por 48 horas impulsado por el gremio. La medida, que según la conducción sindical tuvo una adhesión superior al 90 por ciento, derivó además en denuncias cruzadas entre ambas partes y en la apertura de instancias judiciales.
La huelga fue resuelta por los trabajadores luego de varias semanas de reclamos vinculados a la recomposición salarial, la carrera administrativa y las condiciones laborales. Desde la AOEM sostuvieron que no hubo avances en las negociaciones con el Municipio y que la medida reflejó el malestar existente entre los empleados municipales.
En diálogo con LA CALLE, el secretario general del gremio, Mario Barberán, calificó como “contundente” el acatamiento al paro. “La respuesta de los trabajadores fue abrumadora y demuestra el fuerte respaldo que tiene el reclamo que viene impulsando el gremio”, afirmó.
El conflicto sumó un nuevo episodio durante la noche del jueves. A través de una gacetilla difundida por su área de prensa, la Municipalidad denunció que integrantes del sindicato habrían impedido de manera violenta la salida de camiones destinados a la recolección de residuos y que se registraron amenazas al personal afectado al servicio. Según informó el Ejecutivo, la situación motivó una presentación ante la Fiscalía y obligó a reprogramar uno de los recorridos durante la madrugada del viernes.
Desde la AOEM rechazaron la acusación. Barberán aseguró que “no hubo ningún conflicto ni incidentes con los trabajadores de la recolección de residuos” y sostuvo que la versión oficial no se corresponde con lo sucedido durante la medida de fuerza. Más tarde, el gremio difundió un comunicado en el que afirmó que dirigentes sindicales mantuvieron una reunión informativa con trabajadores del sector y que luego se retiraron “con total normalidad”, sin afectar la prestación de servicios esenciales.
La organización sindical informó además que se presentó ante la Justicia para dejar asentada su versión de los hechos y ponerse a disposición de la investigación. Paralelamente, anunció una denuncia penal contra el intendente José Eduardo Lauritto por presunta falsa denuncia, abuso de autoridad y persecución sindical. De esta manera, el conflicto laboral y salarial incorporó un fuerte componente político y judicial, mientras continúan sin aparecer señales concretas de acercamiento entre las partes.
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