La fiscal federal Josefina Minatta confirmó que el enfermero acusado por el robo y venta de fentanilo en Entre Ríos no solo operó en Concepción del Uruguay, sino que también distribuyó la peligrosa droga en las ciudades de Federación y Villaguay. La causa, que sacudió al ámbito sanitario local, involucra al trabajador de la salud y a su hermano, un militar, como principales responsables del desvío de esta sustancia desde el Hospital Justo José de Urquiza.
La fiscal detalló que el fentanilo era sustraído directamente del hospital, donde el enfermero tenía acceso por su rol profesional. Durante su declaración, el acusado admitió que lo hizo por “una situación económica apremiante”, intentando justificar la venta ilegal de esta droga de altísima potencia y riesgo. En su domicilio, se encontraron unas 70 ampollas, las cuales coincidían con un lote perteneciente al hospital.
Minatta fue clara al señalar que el hospital como institución no está comprometido en la causa. “No se ha acreditado ninguna participación del resto del personal”, aseguró, desvinculando al centro de salud de cualquier connivencia. De todas formas, la situación encendió las alarmas sobre el control interno de medicamentos de uso delicado, como el fentanilo, cuya circulación fuera del ámbito médico representa una amenaza grave.
La investigación se puso en marcha cuando la Policía Federal detectó publicaciones vinculadas a la venta de fentanilo en redes sociales. La intervención rápida evitó que la sustancia se expandiera dentro de la ciudad. “Estábamos muy enfocados en que no se desplegara el fentanilo aquí en Concepción del Uruguay”, dijo Minatta. La droga, según explicó, puede generar una dependencia casi inmediata, y su abuso convierte rápidamente a los consumidores en “calidades zombies”.
Aunque el tráfico detectado fue limitado y de corta duración, ya se confirmó que hubo ventas en Federación y Villaguay, lo que refuerza el alcance del accionar del enfermero. “Lo importante es que actuamos a tiempo y logramos frenar la circulación”, expresó la fiscal. Si bien las cantidades eran pequeñas, el riesgo era enorme: “Una vez que el fentanilo se instala en el consumo, es muy difícil dar marcha atrás”, advirtió.
La causa sigue en proceso. Se esperan pericias telefónicas y nuevas pruebas que podrían esclarecer si los acusados actuaron solos o si hay más personas involucradas en esta red de tráfico de drogas. Para la fiscal Minatta, el caso representa una advertencia clara: el acceso irrestricto a drogas de uso hospitalario debe ser revisado con urgencia para evitar que productos como el fentanilo terminen alimentando el circuito ilegal en Entre Ríos.
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