La empresa UPM detuvo el domingo 30 de noviembre sus operaciones en la planta de Fray Bentos, Uruguay, luego de que un disturbio técnico afectara el área de recuperación del complejo industrial. El episodio fue confirmado por la propia compañía finlandesa mediante un comunicado emitido el lunes, donde advirtió que podrían registrarse olores en las zonas cercanas, aunque descartó riesgos para la salud de la población. La situación encendió alarmas en ambos lados del río Uruguay y volvió a poner el foco en el funcionamiento de la pastera, involucrada durante el año en diversos incidentes ambientales.
La firma informó que el disturbio obligó a frenar el procesamiento de pasta de celulosa para iniciar tareas de restablecimiento del sistema interno. El comunicado oficial señaló que la alteración podría generar episodios de olor en las inmediaciones de la planta, sin representar —según su versión— un impacto sanitario. Sin embargo, el aviso reactivó la inquietud de organizaciones socioambientales y vecinos de la región, que desde hace años denuncian fallas operativas, descargas irregulares y reiterados problemas en la planta ubicada frente a Gualeguaychú.
Las organizaciones ambientalistas recordaron que este tipo de episodios no fueron aislados durante el año. En marzo, un derrame de ácido sulfúrico en el muelle de la planta obligó al gobierno uruguayo a imponer multas por incumplimientos del Plan de Gestión Ambiental. En aquel hecho, una manguera se rompió durante la descarga de sustancias desde un buque, lo que generó alarma regional y pedidos de informes del lado argentino. Para distintos colectivos y especialistas, estos episodios demuestran que el control estatal resulta insuficiente frente al volumen y a la complejidad de la operación industrial.
Los vecinos agrupados en la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú volvieron a remarcar su preocupación por el historial de la planta. Aseguraron que cada detención abrupta del sistema productivo deja abierta la sospecha de fallas internas que podrían derivar en descargas al río o emisiones irregulares. La organización insistió en la necesidad de mayor transparencia por parte de la empresa y controles binacionales más estrictos, especialmente ante antecedentes recientes que afectaron la confianza pública.
Los especialistas argentinos también señalaron que cada incidente obliga a reforzar los análisis sobre la calidad del agua y el aire en el área frontal a la costa entrerriana. Integrantes de grupos técnicos de la región plantearon que los avisos de “posibles olores” deben ser analizados con lupa, porque pueden representar emisiones anómalas que requieren seguimiento. Recalcaron además que la pastera opera en una zona de alta sensibilidad, donde la actividad turística y la salud ambiental forman parte del desarrollo socioeconómico de ambas orillas.
La empresa, en tanto, se limitó a informar que trabaja con sus equipos para restablecer el proceso de recuperación y retomar la producción de celulosa. No ofreció detalles técnicos sobre la causa de la falla ni precisó cuánto tiempo demandará el reinicio normal de las operaciones. Tampoco se conoció si el gobierno uruguayo iniciará una auditoría específica como ocurrió en episodios previos, donde se dispusieron evaluaciones extraordinarias a pedido de organismos ambientales.
Un conflicto que atraviesa casi dos décadas
La planta de UPM en Fray Bentos comenzó a operar el 8 de noviembre de 2007 luego de recibir la aprobación ambiental del gobierno uruguayo. Su instalación generó una de las mayores controversias binacionales de la región, en especial por el rechazo de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, que alertó sobre los posibles impactos en la cuenca del río Uruguay. Desde entonces, la operación de la pastera fue sometida a controles binacionales, pero las críticas y resistencias nunca cesaron.
A lo largo de estos años, vecinos, profesionales y organizaciones sociales de Argentina y Uruguay sostuvieron que la planta representa riesgos asociados a potenciales emisiones, descargas de efluentes y afectación a la biodiversidad. En 2025 la situación volvió a escalar por el derrame de ácido sulfúrico ocurrido en marzo, un hecho que terminó con sanciones económicas a la empresa por incumplimientos ambientales. Para los sectores críticos, esos antecedentes refuerzan la necesidad de mayor vigilancia y de una revisión profunda del manejo operativo de la planta.
La nueva detención forzada de la producción reinstala el debate sobre el funcionamiento de UPM y vuelve a encender las alertas en la región. Las organizaciones ambientales reclaman que se informe con precisión qué ocurrió, qué impacto tuvo y qué medidas tomará la empresa para evitar nuevos incidentes. Mientras tanto, la comunidad de la costa del Uruguay observa —una vez más— cómo un hecho interno de la pastera repercute directamente sobre la confianza pública y sobre el delicado equilibrio ambiental de la zona.
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