El Gobierno de la Provincia de Entre Ríos aprobó un convenio marco de trabajo institucional entre la Policía de Entre Ríos y el Colegio de Profesionales de la Psicología de Entre Ríos, que fue publicado en el Boletín Oficial Nº 28.248 y que apunta a organizar un sistema de atención en salud mental para el personal policial, con registro original fechado el 16 de octubre de 2025.
El acuerdo estableció un marco general de cooperación entre ambas instituciones con el objetivo de garantizar asistencia psicológica a oficiales, suboficiales, agentes, cadetes y personal civil de la fuerza. El texto determinó que la atención quedará a cargo de profesionales matriculados en el colegio provincial, bajo un esquema de colaboración institucional.
El convenio definió que su alcance funcionará como una estructura base y que los detalles operativos deberán resolverse a través de acuerdos específicos. Las partes indicaron que la metodología de trabajo, la duración de las prestaciones, los costos, la reglamentación y las condiciones particulares serán fijadas posteriormente mediante convenios complementarios aprobados de común acuerdo.
El documento dejó expresamente establecido que la firma de este convenio marco no genera compromisos económicos ni financieros inmediatos para ninguna de las partes. El texto aclaró que cada acción concreta deberá contar con su propio respaldo administrativo y aprobación correspondiente.
El acuerdo también precisó que la relación entre la Policía de Entre Ríos y el colegio profesional no implica exclusividad. Ambas instituciones mantendrán la independencia de sus estructuras técnicas y administrativas, con la posibilidad de desarrollar acciones propias o en conjunto con terceros.
En relación con la vigencia, el convenio fijó un plazo de dos años, con renovación automática si ninguna de las partes manifiesta su decisión de rescindirlo con 90 días de anticipación. El texto habilitó además la rescisión anticipada con un aviso previo de 30 días, sin generar derecho a reclamos indemnizatorios.
El proceso administrativo contó con la intervención de las áreas jurídicas de la Policía de Entre Ríos y del Ministerio de Seguridad y Justicia, que no formularon objeciones legales. El acuerdo quedó celebrado a referéndum del Poder Ejecutivo Provincial, en cumplimiento de la Constitución de Entre Ríos y del Reglamento General de Policía.
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