La fiscal federal Josefina Minatta pidió este lunes en Concepción del Uruguay que los exgendarmes Roberto Oscar Caserotto y Néstor Alfredo Gómez del Junco sean condenados a 20 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. El requerimiento fue presentado durante su alegato ante el Tribunal Oral Federal y alcanza hechos vinculados a secuestros, allanamientos ilegales, torturas y asociación ilícita contra militantes del Partido Comunista ocurridos entre 1977 y 1978.
Durante una exposición que se extendió por más de dos horas, la representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que ambos acusados participaron de operativos represivos realizados cuando integraban el Escuadrón 6 de Gendarmería Nacional en Concepción del Uruguay. Caserotto se desempeñaba como jefe del Grupo de Inteligencia, mientras que Gómez del Junco estaba al frente del área de Logística y Finanzas.
La fiscal solicitó que las condenas sean de cumplimiento efectivo y en cárcel común. “Una pena más exigua sería banalizar los crímenes de masa que han sucedido en nuestro país”, expresó Minatta al cierre de su alegato.
Según la acusación, Caserotto enfrenta cargos por 13 hechos de privación ilegítima de la libertad agravada, mientras que Gómez del Junco está imputado por 11 hechos. Ambos también fueron acusados de allanamiento ilegal, tormentos agravados por persecución política y asociación ilícita.
Uno de los episodios centrales abordados en el juicio ocurrió el 14 de mayo de 1977, durante una reunión familiar en la casa de la familia Montesino, donde se festejaba el cumpleaños de Mirta Bochatay. Allí, personal de Gendarmería y del Ejército irrumpió en el lugar y detuvo a militantes del Partido Comunista que participaban de la celebración.
La fiscal detalló que las víctimas fueron golpeadas, amenazadas y trasladadas primero al Escuadrón 6 y luego a la Unidad Penal N°4. Entre las personas detenidas estuvieron Roberto Montesino, Carlos Stur, Juan Bautista Echeverría, Eladio Bochatay, Raúl y Jorge Impini, Raúl Jáuregui, Rodolfo Saldarrelli, Mirta Bochatay y Berta Muñoz.
En ese operativo también quedaron involucrados Gabriela y Daniel Montesino, hijos de una de las víctimas, quienes tenían 4 y 7 años. Minatta sostuvo que ambos permanecieron privados de la libertad dentro de su propia vivienda durante varios días y remarcó el impacto de las prácticas represivas sobre las infancias durante el terrorismo de Estado.
Otro de los hechos juzgados ocurrió el 28 de enero de 1978 en el balneario Banco Pelay, donde fueron secuestrados Carlos Stur y Juan Bautista Echeverría. De acuerdo con la acusación fiscal, ambos fueron trasladados a una vivienda ubicada en las afueras de la ciudad y sometidos a torturas. En ese caso, Gómez del Junco fue señalado como participante directo de las agresiones.
Durante el alegato, Minatta repasó testimonios de sobrevivientes y documentación incorporada a la causa, entre ellos registros de ingresos de detenidos en la Unidad Penal N°4 y comunicaciones internas de las fuerzas militares y de seguridad de la época.
Además de las condenas, la fiscal pidió que, una vez firmes las sentencias, se disponga la baja de los acusados de la Gendarmería Nacional y que distintos lugares vinculados a los hechos investigados sean señalizados como sitios de memoria. Entre ellos mencionó el Escuadrón 6, la Unidad Penal N°4, una vivienda utilizada durante los operativos y el balneario Banco Pelay.
Finalmente, solicitó que se extraigan testimonios brindados durante el juicio para avanzar en nuevas investigaciones sobre otros hechos denunciados por víctimas que todavía no fueron juzgados.
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