La fiscal federal Josefina Minatta, con jurisdicción en Colón, abrió de oficio una investigación para evaluar los posibles riesgos ambientales del proyecto que busca instalar una planta de combustibles en Paysandú, Uruguay, sobre la margen oriental del río Uruguay y justo frente a la ciudad entrerriana.
La medida se activó ante la falta de información oficial y estudios de impacto ambiental por parte de la empresa impulsora del emprendimiento. “La empresa todavía no presentó los papeles ante el organismo uruguayo correspondiente, por lo que no contamos con datos concretos para evaluar el posible perjuicio”, explicó Minatta al diario El Entre Ríos.
La fiscal hizo especial hincapié en la necesidad de anticiparse a escenarios conflictivos como el que generó en su momento la instalación de la pastera Botnia. “En La Haya nos dijeron que no habíamos podido comprobar la contaminación, pero en realidad no es que no se pudo comprobar, sino que no teníamos muestras previas para comparar”, afirmó. Por eso, decidió poner en marcha un sistema de monitoreo independiente.
Muestras propias y testimonios de vecinos
Como parte de esta primera etapa, la Fiscalía solicitó informes a las Secretarías de Ambiente de la Nación y de la Provincia, pero ambos organismos admitieron no contar con información sobre el proyecto.
En paralelo, se le encomendó a Prefectura Naval Argentina la toma periódica de muestras del agua del río Uruguay, a fin de contar con datos independientes, más allá de los que eventualmente recabe la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).
También se están recolectando testimonios de vecinos de la ciudad de Colón, quienes expresaron su preocupación ante la posibilidad de que el emprendimiento contamine el ecosistema fluvial y afecte la calidad de vida en la región.
Posibles delitos ambientales
Minatta confirmó que ya cuenta con el asesoramiento de expertos en la materia y alertó sobre los riesgos que implicaría una planta de este tipo: la toma de agua en cantidad significativa y la devolución de material tratado, potencialmente contaminante, al cauce del río.
En caso de detectarse irregularidades, los delitos que podrían investigarse incluyen la violación a la Ley de Residuos Peligrosos y daño ambiental sobre el río. Además, no se descarta que tanto responsables de la empresa como funcionarios argentinos puedan ser imputados por eventuales incumplimientos de sus deberes.
Desde la Fiscalía aseguran que, apenas se presenten los estudios de impacto ambiental del lado uruguayo, se activarán los canales diplomáticos con Cancillería para requerir oficialmente los documentos.
El caso recién comienza, pero vuelve a encender una alarma que en la región ya sonó fuerte en tiempos del conflicto por Botnia: el cuidado del río Uruguay como patrimonio ambiental compartido.
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