En medio del debate por la reforma previsional impulsada por el gobierno provincial, el concejal y economista Pablo Presas afirmó que los problemas que hoy enfrenta la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos son el resultado de tres décadas de postergaciones políticas. En una columna de opinión enviada a Ojo Urbano, consideró que la discusión actual busca abordar desequilibrios que se fueron acumulando con el paso de los años y que requieren una solución de fondo.
Presas sostuvo que las reformas previsionales suelen generar resistencia porque involucran aspectos sensibles como la edad jubilatoria, los aportes, la movilidad de las prestaciones y los derechos adquiridos. Sin embargo, planteó que el debate no debería centrarse únicamente en la aceptación o rechazo del proyecto, sino también en las causas que llevaron al sistema a su situación actual y en la posibilidad real de sostenerlo sin modificaciones.
En ese marco, recordó que ya en 1997, durante la gestión de Jorge Busti, se impulsó una reforma que contemplaba varios de los puntos que hoy vuelven a discutirse. Según señaló, desde entonces los principales parámetros del régimen previsional permanecieron prácticamente sin cambios, mientras se modificaban las condiciones económicas, laborales y demográficas de la provincia.
El edil destacó además la evolución que registró el sistema durante las últimas dos décadas. De acuerdo con los datos citados en su columna, la cantidad de beneficiarios pasó de aproximadamente 32.000 a más de 66.000 personas, mientras que los aportantes crecieron de alrededor de 85.000 a 125.000 trabajadores. A su entender, esa diferencia explica buena parte de las dificultades financieras que enfrenta actualmente la Caja de Jubilaciones.
Presas también hizo referencia a los haberes y salarios promedio. Indicó que las jubilaciones rondan actualmente los 1,6 millones de pesos mensuales, mientras que las remuneraciones de los trabajadores activos se ubican en torno a los 1,3 millones. A partir de esos números, sostuvo que la discusión ya no pasa por determinar si el sistema debe ser revisado, sino por definir cómo corregir sus desequilibrios y distribuir los esfuerzos entre los distintos sectores involucrados.
En otro tramo de su análisis, afirmó que el déficit anual de la Caja de Jubilaciones alcanza los 460.000 millones de pesos. Según expresó, cuando un sistema previsional deficitario no corrige sus problemas estructurales, el costo termina siendo absorbido por el Estado y, en última instancia, por el conjunto de los contribuyentes. Además, señaló que esos recursos dejan de destinarse a otras áreas como infraestructura, educación, salud y seguridad.
El concejal también advirtió sobre la complejidad que presenta la administración del régimen previsional entrerriano. En ese sentido, señaló que existen cerca de cien escalafones diferentes y que algunos sectores tienen actualizaciones salariales definidas fuera de la provincia, cuyos efectos terminan impactando sobre jubilaciones que debe afrontar la Caja provincial.
Respecto del proyecto impulsado por el gobierno de Entre Ríos, Presas indicó que contempla modificaciones en aspectos centrales como la edad jubilatoria, el cálculo de los haberes, la movilidad de las prestaciones y el financiamiento del sistema. No obstante, remarcó que la iniciativa prevé mecanismos de transición gradual para reducir el impacto sobre quienes ya están jubilados o próximos a acceder al beneficio.
Por otra parte, consideró que las organizaciones sindicales cumplen un rol legítimo al defender los intereses de sus representados, aunque sostuvo que la responsabilidad de la dirigencia política es analizar la sostenibilidad del sistema en su conjunto y tomar decisiones que, en ocasiones, pueden resultar incómodas desde el punto de vista electoral.
Finalmente, Presas afirmó que el desafío consiste en encontrar un equilibrio entre la sustentabilidad financiera, los derechos previsionales y la equidad entre generaciones. En esa línea, consideró que el debate abierto en Entre Ríos permitirá discutir alternativas y posibles modificaciones al proyecto oficial, aunque sostuvo que resulta cada vez más difícil sostener que el sistema puede continuar sin cambios después de décadas de postergaciones.
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