La Justicia Federal de Victoria dio trámite formal a una acción de amparo presentada contra el Gobierno nacional para exigir la inmediata reactivación de obras y tareas de mantenimiento en la red vial de Entre Ríos. La medida fue impulsada por los legisladores Guillermo Michel, Adán Bahl y la diputada uruguayense Marianela Marclay, quedando radicada en el juzgado a cargo de Federico Martin. El magistrado ya ordenó notificar a los organismos demandados y solicitó informes de rigor al Ministerio de Economía de la Nación y a la Dirección Nacional de Vialidad. El proceso judicial finalizó, en su etapa inicial de admisión, con el requerimiento de explicaciones oficiales al Ejecutivo nacional sobre el destino de los recursos presupuestarios.
Recalificación de fondos y arterias afectadas
El expediente judicial plantea que los fondos generados por el impuesto a los combustibles, destinados legalmente al Sistema de Infraestructura de Transporte (SISVIAL), deben aplicarse de forma exclusiva a la reparación y construcción de los trazados viales.
Según precisó Michel, más de 1,5 billones de pesos no se destinaron a obras viales y tres de cada cuatro pesos ingresados a dicho fondo terminaron derivados a diversos instrumentos financieros.
La presentación, elaborada por el abogado Valodia Nichajew, contempla tramos de arterias fundamentales para la conectividad y el transporte productivo de la provincia:
- Rutas nacionales 12, 14, 18, 127, 135 y 174.
- Accesos estratégicos y conexiones clave de la región.
El debate provincial: «Las rutas del relato»
A la par del reclamo iniciado en la esfera del fuero federal contra la administración central, la problemática sobre las arterias entrerrianas sumó fuertes severidades en el ámbito político local.
El concejal uruguayense y abogado Juan Martín Garay difundió un escrito titulado «Las rutas del relato», donde vinculó el desfinanciamiento nacional con la situación administrativa de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV). En su pronunciamiento, Garay remarcó que las arterias de la provincia terminan pagándose en dos oportunidades:
«El ciudadano paga combustible y, con él, impuestos que contienen recursos destinados al sistema vial. Nación recauda, pero esos recursos no necesariamente llegan a la provincia. Mientras tanto, Entre Ríos toma deuda para hacer rutas».
Números bajo la lupa y contrataciones directas
Asimismo, el edil de Concepción del Uruguay puso el foco en las marcadas diferencias registradas en los valores de las obras de la provincia a partir de datos oficiales suministrados por el propio organismo vial ante requerimientos de acceso a la información pública.
En ese marco, Garay citó incrementos notorios en los montos contractuales:
- Ruta Provincial 10: pasó de un presupuesto de $1.784 millones a $15.683 millones.
- Acceso a Hernandarias y Piedras Blancas: trepó de $1.427 millones a $15.149 millones.
- Ruta Provincial 20: registró un salto de $595 millones a $46.802 millones.
A estas redeterminaciones de costos se le suma la falta de llamados a licitación pública para trabajos de conservación durante todo el período 2024, recurriendo de forma sistemática a mecanismos de contratación directa por la vía de excepción.
En relación con este punto, Garay reflexionó sobre la transparencia de la administración pública provincial y concluyó: «Si la normalidad administrativa que se proclama es el orden y la previsibilidad, ¿por qué durante 2024 no hubo una sola licitación pública para mantenimiento vial? Administrar legalmente no alcanza para administrar transparentemente».
La causa judicial continuará su curso a la espera de los informes requeridos a los ministerios y organismos nacionales.
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