La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de Entre Ríos dejó vencer este lunes a las 11 el plazo para convocar a sus integrantes y, de ese modo, archivó los pedidos de juicio político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina, en la Legislatura provincial, tras un proceso que involucró a denunciantes particulares y a la magistrada en funciones.
La Comisión de Juicio Político tomó esta definición al no convocar a una reunión para tratar el dictamen de mayoría que ya había rechazado las acusaciones, según confirmaron fuentes vinculadas al trámite legislativo, que se inició con presentaciones por supuestas ausencias injustificadas de la jurisdicción y continuó con señalamientos por un presunto atraso en el despacho judicial.
El proceso legislativo tuvo un antecedente clave el 23 de diciembre, cuando la comisión investigadora dependiente de la Comisión de Asuntos Constitucionales emitió un dictamen de mayoría que descartó de manera contundente las denuncias y afirmó que no existió daño institucional ni afectación del servicio de justicia.
El dictamen legislativo sostuvo que la vocal Susana Medina mantuvo un desempeño regular, continuo y eficiente, respaldado por informes oficiales, estadísticas funcionales y constancias administrativas que acreditaron el cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales, incluso durante las capacitaciones realizadas dentro y fuera del país.
La Cámara de Diputados también rechazó una tercera denuncia durante una sesión especial realizada el 26 de diciembre, cuando el cuerpo legislativo desestimó de plano la presentación firmada por Marta Cecilia Miño, ex empleada del Superior Tribunal de Justicia, quien había denunciado situaciones de acoso laboral y persecución política.
El informe de mayoría remarcó que las denuncias carecieron de pruebas concretas y se apoyaron en valoraciones subjetivas, al señalar que no se identificaron actos reprochables, normas vulneradas ni perjuicios verificables al funcionamiento del Poder Judicial entrerriano.
La comisión investigadora afirmó que el análisis integral de los hechos, junto con la ausencia de pruebas materiales, dejó en evidencia un intento de utilizar el juicio político como una herramienta de presión institucional contra la independencia de una jueza del máximo tribunal provincial.
El cierre del expediente dejó firme la decisión legislativa de archivar todas las presentaciones y puso fin a un proceso que generó debate político y mediático, pero que no logró sostener acusaciones con respaldo jurídico contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.
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