Este lunes se oficializó la creación de la nueva Obra Social de Entre Ríos (OSER), en reemplazo del Instituto de la Obra Social de Entre Ríos (Iosper). La norma, cuestionada por diversos sectores sindicales y por la oposición, fue publicada en el Boletín Oficial Nº 28.111 y tendrá un plazo de 180 días para su reglamentación.
El proyecto fue aprobado en medio de fuertes tensiones. Obtuvo media sanción en el Senado el pasado 28 de mayo y fue convertido en ley por la Cámara de Diputados el 6 de junio. Desde entonces, distintas organizaciones gremiales, encabezadas por la Intersindical en Defensa del Iosper, protagonizaron movilizaciones, asambleas y acciones frente a la Legislatura para manifestar su rechazo.
Los cambios que trae la nueva ley
La flamante ley implica una reestructuración profunda del sistema de salud para trabajadores estatales en la provincia. Entre los puntos salientes, se establece que:
- La OSER dependerá directamente del Ministerio de Salud de Entre Ríos.
- El directorio estará conformado por un presidente y un vicepresidente designados por el Ejecutivo, y dos vocales propuestos por los gremios docentes y estatales. Los directores serán responsables patrimonialmente por cualquier perjuicio ocasionado.
- Se constituirá un Consejo Consultivo ad honorem, sin capacidad de voto, con representación de todos los sectores que integraban el ex Iosper.
- Los actuales afiliados al Iosper serán incorporados automáticamente a la nueva obra social.
- Se nombrarán dos síndicos fiscalizadores, uno de ellos a propuesta de la oposición.
- La norma contempla obligaciones de transparencia activa: deberán publicarse en un sitio web oficial los nombres de las autoridades, sus sueldos y los contratos vigentes.
Duro comunicado de Agmer: “Una privatización encubierta”
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) fue una de las voces más críticas frente a la aprobación de esta ley. El sindicato acusó al gobierno de Rogelio Frigerio de avanzar en una “privatización encubierta” del sistema de salud de los trabajadores estatales, y denunció que se está “entregando” el manejo de los aportes a una estructura con mayoría automática del Ejecutivo.
En un comunicado difundido tras la sanción, Agmer afirmó que la ley “abre las puertas a la tercerización, no garantiza la participación real de los trabajadores y responde a una lógica de ajuste y de caja”. Además, señaló que los legisladores que votaron a favor “quedarán escritos, sin lugar para el olvido”, a quienes responsabilizan por “ponerle un precio vil a la salud”.
El gremio docente también reivindicó las múltiples acciones que encabezaron en contra del proyecto: desde huelgas y carpas frente a Casa de Gobierno hasta movilizaciones y presencia en las comisiones legislativas. “Esta es una ley de mercantilización de derechos sociales, pero nuestra lucha va a seguir de pie”, aseguraron.
La resistencia continúa
Lejos de dar por cerrado el conflicto, Agmer prometió mantener su estado de alerta y movilización. “Volveremos a tener una obra social transparente y con sentido colectivo, conducida por sus únicos y exclusivos dueños: las y los trabajadores de todos los estamentos del Estado”, expresaron desde la Comisión Directiva Central.
Para el principal gremio docente de la provincia, la sanción de esta ley representa un retroceso en derechos adquiridos y una avanzada privatizadora disfrazada de reforma. En su cierre, el comunicado reafirma el compromiso de “no soltarle la mano a nadie” y continuar “en unidad y en la lucha” por la recuperación del sistema de salud para los estatales entrerrianos.
Desde el gobierno provincial, en tanto, no se emitieron declaraciones públicas tras la promulgación. Ahora, todas las miradas estarán puestas en la reglamentación de la norma, que deberá definirse en los próximos seis meses. Mientras tanto, la tensión con los gremios parece lejos de apaciguarse.
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