Una mujer de 50 años falleció el lunes 5 de mayo en el barrio San Juan de Concordia tras descompensarse en medio de un allanamiento de la policía de Entre Ríos en su vivienda. Según denunciaron sus familiares, la orden judicial estaba dirigida a una casa vecina, pero los efectivos ingresaron por error a su domicilio. La víctima, identificada como la señora Ojeda, vivía con sus hijas y un bebé cuando ocurrió el hecho.
La intervención se realizó por orden del Juzgado de Familia, Civil y Penal de Niños y Adolescentes N° 2 de Concordia, en el marco de una causa por robo agravado. El operativo incluía al menos dos allanamientos. Desde la Policía se indicó que la mujer no opuso resistencia, pero comenzó a preguntar el motivo del procedimiento, momento en el que notó que la orden no correspondía a su hogar. Poco después se descompensó y sufrió un paro cardiorrespiratorio.
El hecho generó una profunda conmoción en la comunidad y motivó la reacción inmediata de la familia, que aseguró tener pruebas del error. “La orden decía Germán Abdala 1011, Casa 22, y mi hermana vivía en el 1017, donde hay un número bien grande en la puerta”, expresó Verónica Ojeda, hermana de la víctima. También señaló que el frente de su casa coincidía con la descripción brindada por la denunciante, lo que habría generado la confusión.
A pesar de los intentos de reanimación realizados por los efectivos policiales y del posterior traslado al hospital Delicia Concepción Masvernat, la mujer falleció en el centro de salud. Los familiares afirmaron que sufría problemas cardíacos severos y que estaba bajo tratamiento médico, por lo que el impacto emocional del operativo habría sido determinante.
La fiscal Julia Rivoira, a cargo de la investigación, reconoció que el personal policial contaba con orden de allanamiento, pero subrayó que aún deben esclarecerse las circunstancias del ingreso a un domicilio que no correspondía al del sospechoso. “Hay que determinar si el personal actuó con la debida diligencia”, explicó, y agregó que “allanar una casa sin orden es un delito”.
La representante del Ministerio Público remarcó que los mandamientos judiciales suelen incluir referencias físicas como portones, árboles o carteles cuando no hay numeración visible o certera, aunque aclaró que “en este caso, ese no sería el motivo”. Por ello, la investigación se apoyará en las pruebas recolectadas, la autopsia, y los testimonios de los civiles que actuaron como testigos.
Mientras tanto, la familia de la señora Ojeda continúa en contacto con un abogado para impulsar acciones legales. “Queremos saber por qué entraron a la casa equivocada y que se haga justicia”, afirmaron. Desde la Fiscalía confirmaron que la investigación está en curso y que la prioridad es brindarle una respuesta a la familia tras la irreparable pérdida.
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