El accidente de tránsito que protagonizó el intendente de Colón, José Luis Walser, junto a su familia en el sur de Brasil ocurrió el 9 de diciembre pasado, cuando viajaba en una camioneta municipal tras participar de una actividad oficial en Porto Alegre, y abrió un intenso debate institucional por el uso de recursos públicos en un traslado que el propio jefe comunal definió como “mixto”.
El hecho se registró mientras Walser se dirigía hacia la ciudad brasileña de Torres en un vehículo oficial del Municipio de Colón, situación que derivó en la atención médica prolongada de su esposa, Gimena Bordet, y generó una fuerte conmoción en la comunidad, con expresiones de acompañamiento desde distintos sectores políticos y sociales.
Con la familia ya fuera de peligro y de regreso en la ciudad, el eje de la discusión pública comenzó a desplazarse del plano humano al institucional, con cuestionamientos centrados en la utilización de bienes municipales en un viaje internacional y en la existencia de autorizaciones administrativas previas al traslado.
El PJ exige explicaciones por el uso del vehículo oficial
En ese contexto, el concejal del Partido Justicialista en el Concejo Deliberante de Colón, Martín Medina, expuso la postura de su bloque al señalar que, durante los días posteriores al hecho, primó la prudencia y la solidaridad, pero que la responsabilidad institucional obliga ahora a exigir explicaciones claras sobre el uso del erario público.
Desde el bloque opositor evaluaron el viaje como una situación de extrema gravedad institucional, al considerar que no existe en la administración pública la figura del “viaje mixto” y que la utilización de una camioneta municipal para un traslado familiar carece de sustento legal y administrativo.
El edil también puso el foco en la importancia de que los actos administrativos existan antes de cualquier viaje oficial, al advertir que las autorizaciones posteriores al hecho marcan una diferencia sustancial entre legalidad y encubrimiento, y cuestionó el contenido del decreto que intentó respaldar el traslado.
Medina sostuvo además que las explicaciones brindadas por el Ejecutivo municipal resultaron insuficientes y contradictorias, al señalar que la versión oficial fue modificándose con el correr de los días, en paralelo a los requerimientos de la prensa y de la oposición.
Más allá del accidente, el concejal afirmó que el verdadero trasfondo del conflicto es la percepción de impunidad en el uso de bienes del Estado, y remarcó que, de no haberse producido el hecho vial, la comunidad posiblemente no habría tomado conocimiento del traslado ni de sus características.
En relación al marco legal, el bloque del PJ remarcó que no existe normativa alguna que habilite el uso combinado de recursos públicos para fines oficiales y privados, y que, ante un viaje de carácter familiar, el intendente debía haber utilizado un vehículo particular.
Finalmente, Medina confirmó que se presentaron pedidos de informes concretos y que, ante la falta de respuestas claras, el bloque decidió acudir a la Justicia y a la Oficina Anticorrupción para que se investiguen posibles responsabilidades administrativas y políticas vinculadas al uso de bienes municipales.
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