La Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA) denunció un nuevo avance del Gobierno nacional contra el INTA mediante un documento difundido el martes 16 de diciembre de 2025, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tras la realización de su Congreso Nacional, y responsabilizó al Poder Ejecutivo y a las actuales autoridades del organismo por un plan de ajuste que afecta a trabajadores, estructuras y programas estratégicos.
APINTA expresó que el INTA, institución descentralizada y autárquica con casi 70 años de trayectoria, atraviesa un proceso de desmantelamiento impulsado desde el Gobierno nacional, con impacto directo sobre su funcionamiento, su misión histórica y su rol en el desarrollo agrobioindustrial argentino. El gremio sostuvo que las decisiones adoptadas atentan contra un modelo de gestión público-privada que fue clave para el crecimiento del sector agropecuario.
El documento gremial señaló que las políticas de ajuste se profundizaron durante el último año bajo la presidencia de Nicolás Bronzovich, con medidas que apuntan a recortar personal y recursos sin evaluar las consecuencias productivas y sociales. APINTA destacó que la resistencia de los trabajadores, el acompañamiento de organizaciones de productores, el accionar del Congreso Nacional y una medida cautelar dictada por la Justicia permitieron frenar parcialmente el impacto de estas iniciativas.
La conducción sindical alertó que el nuevo Consejo Directivo del INTA intenta reinstalar una agenda ya rechazada, que incluye despidos y pases a disponibilidad, el cierre de Agencias de Extensión Rural, la eliminación de los Institutos de la Agricultura Familiar, la reducción de centros regionales y de investigación, cambios estructurales y la venta de tierras de alto valor estratégico para la experimentación agropecuaria.
APINTA cuestionó además el discurso oficial que minimiza el rol de la extensión rural y recordó que esa función forma parte del ADN del INTA desde su creación en 1956. El gremio remarcó que la extensión no es una incorporación reciente, sino uno de los pilares fundacionales del organismo.
El documento también rechazó la intención de disolver las Unidades de Vinculación Tecnológica, la Fundación ArgenINTA, INTEA SA y el sistema de cooperadoras de las estaciones experimentales, herramientas que el sindicato consideró fundamentales para el desarrollo productivo y la transferencia de tecnología al campo argentino.
En ese contexto, APINTA vinculó estas decisiones con un plan más amplio de ajuste que prevé el recorte de centros regionales, el cierre de cientos de agencias, la eliminación de decenas de programas y el remate de miles de hectáreas pertenecientes al INTA, incluso en provincias clave como Entre Ríos, donde existen predios en Paraná y Concepción del Uruguay.
Desde el gremio exigieron a las entidades del sector agropecuario que asuman un rol activo en la defensa del INTA y advirtieron que su participación en el Consejo Directivo no puede interpretarse como un aval automático a las políticas de ajuste. APINTA sostuvo que el futuro de la producción y la innovación nacional depende de la preservación de un organismo que históricamente puso su capacidad técnica y humana al servicio del desarrollo del país.
Finalmente, las trabajadoras y los trabajadores organizados ratificaron el estado de alerta y movilización y reafirmaron su compromiso de lucha en defensa del INTA, con un mensaje contundente contra los despidos, los cierres de agencias y centros, y la venta de tierras que consideran patrimonio de todos los argentinos.
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