El debate sobre la Carta Orgánica de Concepción del Uruguay debería contemplar también la forma en que se financian las competencias municipales, según plantea el economista y concejal Pablo Presas. A partir de las jornadas sobre autonomía municipal realizadas en la Universidad de Concepción del Uruguay, el edil sostiene que la ciudad tiene una oportunidad para avanzar hacia una norma propia, pero advierte sobre el creciente peso de las responsabilidades que recaen en los gobiernos locales.
La Constitución de Entre Ríos reconoce la autonomía institucional, política, administrativa, económica y financiera de los municipios y habilita a las ciudades de más de 10.000 habitantes a dictar su propia Carta Orgánica. Presas señala que, casi dos décadas después de la reforma constitucional de 2008, ningún municipio entrerriano concretó ese proceso.
Para el concejal, una Carta Orgánica permitiría establecer reglas propias para la participación ciudadana, los controles, el gobierno abierto y la organización municipal. También considera que tendría un valor simbólico para Concepción del Uruguay por su vínculo histórico con la organización nacional.
Sin embargo, el planteo central de Presas apunta al financiamiento. Sostiene que durante las últimas décadas se produjo una transferencia progresiva de competencias desde Nación hacia las provincias y, en distintos casos, desde estas hacia los municipios. Entre los servicios mencionados figuran educación, salud, agua, cloacas y otros vinculados con la atención de las demandas locales.
Durante las jornadas, el presidente municipal José Lauritto repasó ese proceso de descentralización. Presas toma como ejemplo la transferencia de los servicios de agua, cloacas y pluviales desde Nación a Entre Ríos y su posterior traspaso al municipio. A su entender, además, las responsabilidades municipales se ampliaron hacia áreas como transporte, ambiente, asistencia social, discapacidad y, en algunos casos, salud y educación.
El economista sostiene que tampoco hace falta una transferencia formal para que una demanda termine recayendo sobre el municipio. Cuando Nación deja de financiar una obra o elimina un programa, plantea, la necesidad permanece y el vecino suele recurrir al gobierno local. En ese marco, cita un dato del Instituto Argentino de Análisis Fiscal: la inversión real directa nacional por habitante fue en 2025 un 73% menor, en términos reales, que en 2023.
Presas también compara la distribución del gasto público consolidado. Según los datos que presenta, en 2024 representó aproximadamente el 35,6% del Producto Bruto Interno: 18,1 puntos correspondieron a Nación, 14,5 a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y tres puntos a los municipios. En términos simplificados, calcula que de cada 100 pesos de gasto público, unos 51 correspondieron a Nación, 41 a provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ocho a los municipios.
En Entre Ríos, la Constitución establece pisos de coparticipación municipal del 16% de los recursos nacionales coparticipables recibidos por la Provincia y del 18% de los tributos provinciales. También dispone que no pueden transferirse competencias, servicios o funciones sin la correspondiente asignación de recursos.
El análisis de Presas incorpora además los cambios registrados en el ámbito nacional desde 2024, con la eliminación o reestructuración de fondos fiduciarios vinculados con vivienda, infraestructura y transporte. En el plano provincial, menciona la reforma previsional y sostiene que el traslado hacia los municipios de parte del déficit de la Caja provincial podría representar para Concepción del Uruguay un impacto cercano a los 4.000 millones de pesos anuales.
Otro dato que destaca corresponde a 2025: los recursos propios municipales habrían superado por primera vez a los provenientes de Nación y Provincia en conjunto, con una relación aproximada de 51% contra 49%. Para Presas, ese resultado puede interpretarse como una fortaleza, aunque también evidencia una mayor dependencia del esfuerzo fiscal local.
A partir de este escenario, el concejal plantea que cada transferencia de competencias, servicios o funciones debería responder tres preguntas: quién debe hacerse cargo, cuánto cuesta y quién aporta los recursos. En ese sentido, sostiene que el debate sobre la Carta Orgánica puede servir para discutir no sólo la autonomía institucional de Concepción del Uruguay, sino también las condiciones económicas y financieras necesarias para ejercerla.
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