En una resolución de fuerte impacto para el sistema educativo de Entre Ríos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al reclamo de una madre de Rosario del Tala y revocó un fallo que le negaba el acceso a la educación inclusiva a su hija adolescente con discapacidad. La decisión, dada a conocer recientemente tras la intervención de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, obliga al Superior Tribunal de Justicia provincial a dictar una nueva sentencia con carácter de urgencia frente al Consejo General de Educación.
El conflicto judicial comenzó cuando la mujer presentó una acción de amparo en representación de la menor de edad para exigir el cese de las omisiones estatales. En su presentación, solicitó la implementación de un Proyecto Pedagógico Individual que permitiera garantizar la trayectoria escolar completa de la joven dentro de la normativa vigente en la provincia.
En una primera instancia, un magistrado había respaldado el pedido de la familia y ordenado al organismo educativo provincial que elaborara dicho plan adaptado en un plazo de veinte días corridos. Ese juez consideró que las alternativas ofrecidas por las autoridades escolares, tales como asistir a una escuela especial o cursar pocas materias de manera aislada, no respondían a la singularidad de la estudiante ni cumplían con los estándares legales exigidos.
Sin embargo, el Estado entrerriano apeló esa medida y obtuvo una respuesta favorable en el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que rechazó el amparo. Los magistrados provinciales sostuvieron que la vía judicial no correspondía porque ya existía un trámite administrativo iniciado previamente por la Departamental de Escuelas local.
Ante este revés, la madre recurrió a la instancia nacional y obtuvo el respaldo definitivo. En su resolución, el máximo tribunal criticó con dureza el accionar de la justicia provincial al señalar que incurrió en un exceso de formalismo y vulneró el derecho a una tutela judicial efectiva, amparado en el artículo 43 de la Constitución Nacional.
Los jueces Rosatti y Rosenkrantz remarcaron que el expediente administrativo aludido por la Provincia ya se encontraba concluido y había demostrado ser inútil para resolver el problema de fondo. En esa línea, el fallo subrayó que los magistrados tenían el deber de actuar con premura y brindar una respuesta concreta, sin detenerse en tecnicismos que privaran a la joven de sus derechos fundamentales.
Por su parte, el juez Ricardo Lorenzetti acompañó la decisión con un voto propio en el que advirtió que las leyes que protegen a las personas con discapacidad no pueden quedar en meras declaraciones formales. Asimismo, sostuvo que frustrar el ejercicio efectivo de estos derechos diluye el sentido de la legislación y genera una pérdida de confianza ciudadana en las instituciones públicas que debe evitarse.
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