En una nueva audiencia judicial realizada este lunes en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) de Concepción del Uruguay, la vocal de Cámara, doctora Melisa Ríos, decidió mantener sin modificaciones las medidas de coerción que pesan sobre Juan Ruiz Orrico, el funcionario provincial imputado en la causa por la trágica muerte de cuatro personas tras un accidente de tránsito ocurrido en 2023.
El pedido había sido presentado por el equipo defensor de Orrico, compuesto por los abogados penalistas Félix Pérez, Leandro Monje y Leopoldo Lambruschini, quienes solicitaron que se flexibilicen las restricciones vigentes, argumentando que el imputado se encuentra a derecho y no representa riesgo de fuga. La defensa propuso que se le permita esperar el juicio en libertad, con la única limitación de no salir del país, eliminando así la obligación de presentarse semanalmente ante la Fiscalía y la prohibición de salir de Concepción del Uruguay o conducir vehículos.
Sin embargo, la jueza no hizo lugar a este planteo. Las condiciones actuales —fijar domicilio, no conducir, presentarse todos los miércoles ante la Fiscalía local y no salir del departamento sin autorización— seguirán vigentes, tal como habían sido establecidas en febrero pasado.
Durante la audiencia también estuvo presente el fiscal de la causa, doctor Eduardo Santos, quien solicitó la prórroga de las medidas existentes ante el vencimiento de los plazos anteriores. Además, participó el querellante Mario Arcusín, quien representa a las familias de las víctimas y volvió a insistir en su postura de que Orrico debería cumplir prisión preventiva en una unidad penitenciaria.
El acusado, que participó de forma remota, está imputado por el trágico siniestro ocurrido mientras conducía un vehículo oficial del gobierno entrerriano, y cuyo test de alcoholemia posterior al hecho arrojó resultado positivo. El caso generó gran conmoción social y sigue siendo motivo de profunda preocupación entre los allegados de las víctimas, quienes expresaron su malestar ante lo que interpretan como intentos de suavizar la situación procesal del acusado.
La resolución judicial confirma que el proceso continúa con las medidas restrictivas en curso y que no habrá modificaciones en las condiciones impuestas hasta el momento, mientras se avanza hacia el juicio oral.
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