El concejal de Concepción del Uruguay Juan Martín Garay publicó una columna de opinión en la que cuestionó la política tarifaria del Gobierno nacional tras las primeras declaraciones del vocero presidencial Adrián Ravier. En el texto, difundido luego de la conferencia de prensa del funcionario, el edil planteó que los servicios públicos deben ser considerados derechos esenciales y no únicamente bienes sujetos a las reglas del mercado.
Garay tomó como eje las expresiones realizadas por Ravier durante su debut como vocero presidencial. Según señaló, el funcionario defendió el esquema de actualización de tarifas al afirmar que los servicios públicos deben regresar a «precios de mercado» y reconocer sus costos reales.
El concejal también hizo referencia a otra frase pronunciada por el vocero, quien, al responder sobre el impacto de los aumentos en los hogares, sostuvo: «Habrá que abrigarse más».
A partir de esas declaraciones, Garay consideró que no se trata de un hecho aislado ni de un problema de comunicación, sino de una concepción sobre el rol del Estado, el mercado y los servicios públicos.
En su análisis, sostuvo que nadie desconoce que el gas y la electricidad tienen costos y que el Estado debe administrar los recursos públicos con responsabilidad. Sin embargo, afirmó que el acceso a esos servicios no debería definirse exclusivamente por el precio de mercado.
El edil argumentó que el gas y la electricidad constituyen servicios esenciales para la vida cotidiana, especialmente durante el invierno y para sectores vulnerables como adultos mayores, niños y personas con problemas de salud.
Asimismo, señaló que el debate no se limita al aspecto económico, sino que también involucra las consecuencias sociales de las decisiones tarifarias. En ese sentido, mencionó a jubilados, trabajadores, familias de ingresos medios y pequeños comerciantes entre los sectores que, según su visión, pueden verse afectados por los incrementos.
Garay sostuvo además que gobernar implica equilibrar las cuentas públicas sin perder de vista el impacto de las medidas sobre la población. En esa línea, expresó que la eficiencia económica no debería desplazar la consideración de las necesidades sociales.
En el tramo final de su columna, el concejal afirmó que la discusión sobre el financiamiento de los servicios públicos no debería poner en duda su accesibilidad para quienes más los necesitan. También planteó que existe una diferencia entre considerar al ciudadano como sujeto de derechos o únicamente como consumidor.
Finalmente, Garay concluyó que las políticas públicas deben contemplar la realidad de las personas, al sostener que detrás de cada factura de gas o electricidad existen familias que afrontan las consecuencias de las decisiones económicas.
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