Granja Tres Arroyos presentó formalmente el pedido de concurso preventivo de acreedores ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Número 21 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La solicitud, tramitada bajo el expediente número 018558/2026, tuvo su cambio de estado a inicio de demanda el pasado 10 de septiembre y quedó en despacho a la espera de la resolución judicial sobre su apertura formal.
La decisión judicial de la compañía madre se suma a la ya realizada por Wade SA, otra de las firmas integradas del grupo empresarial. Con esta acción, el holding busca frenar las ejecuciones y reestructurar deudas tras el fracaso de los acuerdos privados intentados durante el año.
La situación financiera de la firma madre representa el mayor volumen de tensión del grupo. Granja Tres Arroyos registra un pasivo de 156.645 millones de pesos, constituido por compromisos bancarios en distintas categorías de riesgo, deudas comerciales y una cifra acumulada de 103,9 millones de dólares en cheques rechazados.
Por su parte, las otras dos compañías que integran la estructura exhiben cuadros de deterioro crediticio. Wade SA mantiene una deuda informada de 3.368 millones de pesos, mientras que Avex SA acumula 631 millones de pesos, figurando ambas con clasificaciones de alto riesgo de insolvencia según los registros del Banco Central.
El impacto social y productivo de este escenario tiene un fuerte anclaje en la provincia y la región. La empresa ya despidió a más de 1.700 trabajadores en Entre Ríos y Buenos Aires, sobre una planta total que superaba los 7.000 empleos directos. Cabe recordar que en Concepción del Uruguay la planta fabril cerró a fines de mayo, dejando a 500 operarios desvinculados y a otros 500 en situación de incertidumbre.
Ante el agravamiento de la crisis, las diputadas nacionales entrerrianas Blanca Osuna y Marianela Marclay presentaron un pedido de informes en la Cámara de Diputados de la Nación. Las legisladoras solicitaron al Poder Ejecutivo detalles sobre las gestiones para reabrir las exportaciones de carne aviar a China y exigieron precisar si existió alguna intervención o asistencia estatal ante el repliegue productivo de la firma.
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