La presentación judicial de Granja Tres Arroyos (GTA) expuso el alcance de la crisis financiera que atraviesa la empresa, que declaró haber ingresado en cesación de pagos el 29 de enero de 2026. En el expediente iniciado ante la Justicia Comercial, la compañía informó más de $126.000 millones en cheques rechazados, un pasivo cercano a $536.000 millones y más de 4.800 acreedores.
El pedido fue realizado en el expediente COM 18.558/2026, donde GTA solicitó que su concurso preventivo se tramite junto con Holding Agro Industrial SA, Wade SA y Avex SA, firmas que integran el denominado Grupo GTA. En caso de que esa solicitud no prospere, pidió que cada sociedad tramite su propio concurso.
Los estados contables incorporados a la causa muestran que al cierre de 2025 los activos de la empresa rondaban los $760.000 millones, frente a pasivos por aproximadamente $536.000 millones y un patrimonio neto cercano a $224.000 millones. Dentro de las deudas se destacan unos $199.000 millones en préstamos y pasivos financieros y alrededor de $161.000 millones correspondientes a proveedores. También se registraron deudas laborales y previsionales por unos $46.000 millones y obligaciones fiscales por $32.000 millones.
GTA atribuyó el deterioro de su situación a distintos factores, entre ellos el estancamiento del mercado interno, la pérdida del poder adquisitivo, el aumento de costos, el ingreso de carne aviar importada y las dificultades para recuperar mercados externos después del episodio de influenza aviar de 2023. También mencionó el impacto de la sequía de la campaña 2022/23 y de los mayores costos de energía, logística, materias primas y mano de obra.
En cuanto a las exportaciones, la compañía informó ingresos por ventas externas de US$175,8 millones en 2022, US$85,7 millones en 2023, US$105,1 millones en 2024 y aproximadamente US$87 millones durante 2025. Además, señaló que la operación vinculada con Cresta Roja implicó obligaciones y desembolsos superiores a US$25 millones para recuperar capacidad productiva y recomponer instalaciones.
Las primeras medidas judiciales
El Juzgado Comercial N°21, Secretaría N°42, intervino de manera provisoria ante la urgencia planteada por la empresa, aunque consideró que no era el tribunal que debía continuar con el expediente. El juez Germán Páez Castañeda sostuvo que era necesario adoptar medidas para evitar que la situación afectara la continuidad de la actividad.
Entre las disposiciones, ordenó a los bancos no pagar determinados cheques de pago diferido emitidos antes del 9 de septiembre de 2026 y con vencimiento posterior a esa fecha. También estableció que esos rechazos no fueran considerados para multas o inhabilitaciones relacionadas con las cuentas corrientes.
El juzgado autorizó además la apertura de una cuenta corriente en el Banco Ciudad, sin giro en descubierto y de carácter inembargable, destinada exclusivamente al pago de sueldos, cargas sociales, contribuciones e impuestos. También dispuso que las empresas de electricidad y gas no suspendieran ni redujeran los servicios por deudas anteriores al 9 de septiembre; los consumos posteriores deberán ser abonados normalmente.
La resolución, sin embargo, no levantó los embargos ni las inhibiciones que pesan sobre las cuentas bancarias de GTA. Esa decisión quedó para una instancia posterior, cuando intervenga el juez que finalmente quede a cargo del concurso, junto con el síndico y los acreedores involucrados.
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