Las intervenciones realizadas en Paso Vera Norte, en Concepción del Uruguay, derivaron en dos denuncias penales que ya fueron presentadas ante la Justicia. Por un lado, la Municipalidad denunció una presunta intervención ilegal que habría provocado daños sobre un área de monte nativo protegido. Por otro, un abogado solicitó que se investigue si las obras y el procedimiento administrativo se ajustaron a la normativa vigente. Ahora será la Justicia la que avance con ambas actuaciones.
Según informó el Municipio, la actuación comenzó tras un aviso de la Dirección de Turismo. Posteriormente intervinieron la Dirección de Salud Ambiental y la Dirección de Legislación y Asuntos Jurídicos, que junto con personal de Catastro realizaron una inspección en el lugar. Durante el relevamiento se constató la apertura de un acceso, la remoción de vegetación con maquinaria, la tala de árboles y daños en cercos perimetrales, además de confeccionarse actas, registros fotográficos y el relevamiento de coordenadas para delimitar el área afectada.
Con esa documentación, la Municipalidad presentó una denuncia penal ante la Fiscalía a cargo de la doctora María Florencia Occhi. Además, remitió las actuaciones a la Fiscalía Administrativa de Asuntos Municipales, notificó al propietario del terreno lindero para que cesara las tareas y bloqueara el acceso generado, elevó las actuaciones al Juzgado de Faltas Número 1 y dio intervención a la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos para que evalúe el impacto ambiental y las medidas que correspondan.
En paralelo, el abogado Leandro Clapier presentó una denuncia penal ante la Unidad Fiscal de Concepción del Uruguay para que se abra una Investigación Penal Preparatoria que permita determinar si las intervenciones fueron autorizadas conforme a derecho. En su presentación, aclaró que no acusa a una persona en particular, sino que solicita que se investiguen las autorizaciones otorgadas, la eventual necesidad de estudios de impacto ambiental, la intervención de los organismos competentes y las decisiones adoptadas por los funcionarios que participaron en la ejecución de los trabajos.
El abogado sostuvo que el objetivo de la presentación es que una investigación judicial independiente determine qué ocurrió y si las actuaciones respetaron la legislación vigente, sin formular condenas anticipadas. También afirmó que el ambiente constituye un patrimonio colectivo y que cualquier intervención sobre un área de alto valor ambiental debe desarrollarse con apego a la normativa y los procedimientos administrativos. De este modo, las dos presentaciones judiciales abren distintas líneas de investigación sobre un mismo episodio, que ahora quedará bajo análisis de la Justicia.
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