El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó el recurso presentado por la defensa de Eduardo Elías Flores y dejó firme su destitución como juez del Trabajo N° 1 de Concepción del Uruguay. La decisión fue adoptada en un acuerdo celebrado el 31 de agosto de 2026 por los vocales Miguel Giorgio, Germán Carlomagno, Carlos Tepsich, Claudia Mizawak y Gabriela López Arango. Flores había sido apartado del cargo el 13 de junio de 2023 por el Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos, que consideró acreditada una conducta sistemática de violencia laboral psicológica.
La defensa, integrada por Patricia Analía Valín y Miguel Ángel Cullen, había solicitado que se dejara sin efecto la destitución y que Flores fuera restituido como juez. Entre sus planteos cuestionó supuestas violaciones al debido proceso y al derecho de defensa, además de la incorporación de determinadas pruebas, la valoración de los elementos reunidos durante el juicio político y la fundamentación utilizada para disponer la medida.
Al analizar el recurso, el STJ recordó que su intervención en este tipo de procesos es limitada, debido a que el Jurado de Enjuiciamiento tiene a su cargo determinar la responsabilidad política de los funcionarios. En ese marco, consideró que Flores tuvo 12 días hábiles para analizar un acta notarial vinculada con mensajes de WhatsApp y que pudo ofrecer elementos para contrarrestarla. También señaló que esa prueba no fue determinante, ya que la decisión se basó principalmente en la acreditación de una conducta sistemática de violencia laboral psicológica.
Respecto de la perspectiva de género, el tribunal sostuvo que no se incorporaron hechos nuevos y que Flores conocía desde el inicio las acusaciones relacionadas con violencia y maltrato laboral. Además, aclaró que el Jurado no lo sancionó por “violencia de género” como una infracción independiente, sino por un conjunto de conductas de maltrato y violencia laboral consideradas fundamento del mal desempeño. Así, concluyó que la defensa no demostró una afectación grave de las garantías constitucionales y la destitución quedó firme en la Justicia provincial.
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