Con el objetivo de resguardar el derecho de los estudiantes a recibir clases y asegurar el normal funcionamiento de las escuelas públicas de gestión estatal, el Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos dictó la Resolución Nº 1431, que fija nuevas pautas para la realización de las asambleas gremiales docentes.
La decisión del organismo apunta a equilibrar dos derechos fundamentales: por un lado, el de los trabajadores de la educación a organizarse y participar de instancias sindicales; y por el otro, el derecho de niñas, niños y adolescentes a acceder a una educación continua y de calidad, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061 de Protección Integral.
Desde el CGE remarcaron que las interrupciones reiteradas por asambleas generan perjuicios concretos. “No solo se interrumpen los aprendizajes —indicaron—, también las familias deben reorganizar sus rutinas laborales y personales para cuidar a sus hijos, mientras que las escuelas deben reprogramar contenidos, evaluaciones y actividades planificadas. Esto afecta el orden pedagógico y altera el ciclo escolar”.
Asambleas, pero sin afectar las clases
La resolución establece que las asambleas gremiales deberán realizarse fuera del horario de clases. En concreto, deberán finalizar al menos 15 minutos antes del inicio de la jornada escolar o comenzar 15 minutos después de su finalización. Además, deberán ser notificadas con un mínimo de 24 horas de anticipación, y no se permitirá el ingreso de personas ajenas a la institución educativa mientras se desarrollen.
“Esta medida no está dirigida contra los docentes ni contra el legítimo derecho de representación sindical —aclararon desde el CGE—. Pero sí busca poner un límite a prácticas que, amparadas en el interés sectorial, terminan desnaturalizando el sentido de la escuela pública, que es garantizar la educación de los chicos. El derecho a la educación no es una concesión, es una obligación indelegable del Estado y un compromiso con todas las familias entrerrianas”.
Con esta resolución, el Gobierno provincial ratifica su compromiso con una educación pública de calidad, que respete los derechos de los trabajadores pero que, al mismo tiempo, priorice el interés superior de los estudiantes y el funcionamiento ordenado de las instituciones educativas.
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