El nuevo esquema de provisión de alimentos para los comedores escolares impulsado por el Gobierno de Entre Ríos continúa generando repercusiones en el ámbito educativo. La iniciativa fue cuestionada por Nancy Barbará, secretaria adjunta de AGMER Uruguay, docente y rectora de la Escuela Número 9 América, quien durante una entrevista con Ojo Urbano manifestó su rechazo a la propuesta y sostuvo que el modelo vigente podría fortalecerse si aumentaran las partidas presupuestarias destinadas a las escuelas.
La dirigente sindical consideró que el cambio representa «un retroceso» respecto del sistema actual. Según explicó, hoy las instituciones que administran los fondos de los programas RAM y CPL pueden ofrecer alimentos frescos y variados, mientras que el nuevo esquema prevé la distribución de productos ultraprocesados. Además, advirtió que la propuesta no contempla las distintas necesidades nutricionales de los estudiantes según la edad, el desarrollo y las condiciones particulares de cada uno.
Barbará también puso el foco en las dificultades que podrían enfrentar los establecimientos para implementar el nuevo sistema. Señaló que muchas escuelas no cuentan con espacios adecuados para almacenar los alimentos, presentan problemas de humedad o carecen de cocina y personal de comedor. En ese sentido, planteó interrogantes sobre cómo se prepararán las raciones y quiénes asumirán esa tarea.
Durante la entrevista, la secretaria adjunta de AGMER Uruguay rechazó además uno de los argumentos del gobernador Rogelio Frigerio, quien sostuvo que la medida aliviará tareas administrativas de los docentes. Barbará afirmó que directivos de distintos departamentos expresaron su desacuerdo durante las reuniones informativas y remarcó que todavía no existen respuestas para varios aspectos operativos del plan. También indicó que desde AGMER se impulsó una nota firmada por equipos directivos con observaciones al proyecto y señaló que nutricionistas provinciales manifestaron no haber sido consultadas.
Respecto del anuncio oficial sobre la duplicación de los recursos destinados a los comedores escolares, que pasarían de 22.000 a 44.000 millones de pesos, la dirigente afirmó que ese incremento siempre fue un reclamo de la comunidad educativa. A su entender, si esos fondos se aplicaran al sistema vigente, las escuelas podrían ampliar la variedad de alimentos, incorporar más productos frescos y aumentar las porciones sin necesidad de modificar el mecanismo de compra actual.
Mientras el Gobierno provincial sostiene que la reforma permitirá optimizar recursos y mejorar el servicio alimentario, distintos sectores educativos continúan expresando reparos sobre su implementación. La discusión, que involucra aspectos nutricionales, de infraestructura y de organización escolar, permanece abierta a la espera de nuevas definiciones sobre la puesta en marcha del nuevo esquema.
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