El debate por la posibilidad de construir un hotel de categoría en la Isla del Puerto sumó una nueva postura a partir de un escrito difundido por el concejal y economista Pablo Presas, quien cuestionó las críticas que califican de ilegal o ambientalmente destructiva a la iniciativa. Planteó que todavía deben determinarse las condiciones técnicas y jurídicas antes de tomar una decisión.
Presas sostuvo que la Isla no puede ser considerada como una superficie ambientalmente uniforme. Según explicó, el Plan de Manejo establece diferentes unidades ambientales, grados de intervención y cuatro zonas funcionales, entre ellas la Zona de Uso Intensivo, que comprende la traza de la Costanera, sus taludes y la franja costera. Esa área es definida como la de “mayor nivel de impacto humano” y admite actividades comerciales, culturales, recreativas, deportivas y de esparcimiento.
En ese marco, señaló que la Ley provincial 10.479 establece zonas diferenciadas en las Reservas de Usos Múltiples de acuerdo con su grado de artificialización. También destacó que el Plan de Manejo contempla la posibilidad de incorporar “nueva obra de infraestructura” en la Zona de Uso Intensivo, aunque bajo condiciones estrictas, entre ellas no alterar el flujo natural del agua ni la dinámica de los humedales y contar previamente con un Estudio de Impacto Ambiental aprobado.
Uno de los principales argumentos de Presas apunta a la situación jurídica de los terrenos. Recordó que el artículo 38 de la Ley 10.479 establece que la infraestructura hotelera debe ubicarse fuera de los límites de un Área Natural Protegida, pero planteó que antes debe determinarse cuáles son exactamente esos límites en la Isla del Puerto.
Según el concejal, los decretos y convenios vinculados con las Leyes 9.944 y 10.245 establecieron dos tratamientos diferenciados para los inmuebles de la Isla: los sectores donde se emplazó el Camino Costero Isleño y los inmuebles remanentes destinados a los fines de la Ley 9.718 como Reserva de Usos Múltiples. En 2017, Provincia y Municipalidad volvieron a reconocer esa diferenciación y hablaron de un “doble tratamiento”.
Presas también mencionó el Decreto 4753/2014, mediante el cual se creó la Unidad de Gestión Isla del Puerto. De acuerdo con su planteo, ese organismo fue constituido para promover y desarrollar actividades turísticas, hoteleras, gastronómicas, recreativas, sociales y culturales, además de impulsar inversión y actividad privada.
En materia ambiental, el concejal consideró que el Inventario de Humedales constituye un antecedente científico relevante, pero sostuvo que sus conclusiones no deberían extrapolarse automáticamente a cada sector de la Isla. Remarcó que el propio trabajo plantea la necesidad de realizar corroboraciones de campo para validar las unidades identificadas y determinar las características de los distintos tipos de humedales.
También planteó que las intervenciones históricas modificaron las condiciones ambientales de la Isla y que, por ese motivo, la discusión debería centrarse en las características actuales del sitio concreto donde eventualmente se estudie una obra. Para Presas, esa determinación requiere estudios de campo, hidrología, suelos, biodiversidad y una evaluación de impacto ambiental.
Respecto de los posibles efectos de un hotel, mencionó cuestionamientos vinculados con tránsito, contaminación sonora y lumínica, rellenos, impermeabilización, efluentes y degradación ambiental. Sin embargo, sostuvo que todavía no existe un proyecto ejecutivo que permita determinar cuáles serían efectivamente sus impactos y bajo qué condiciones podría desarrollarse.
Otro eje de su planteo fue la participación privada. Presas rechazó que toda inversión privada deba ser considerada “especulación inmobiliaria” y señaló que una concesión para prestar servicios turísticos en un espacio público no implica convertir ese espacio en propiedad privada. En ese sentido, recordó que la Ley 10.479 contempla concesiones vinculadas con infraestructura y servicios destinados al turismo y la atención de visitantes.
El concejal también se refirió a los cuestionamientos relacionados con el casino. Indicó que el casino ya existe en Concepción del Uruguay y que la propuesta contempla eventualmente trasladar una actividad existente e integrarla a una oferta turística más amplia. Aclaró, además, que el casino podría no formar parte de un eventual proyecto.
Sobre las versiones acerca de intereses particulares, Presas afirmó que no existe ningún negocio privado suyo detrás de la propuesta. Definió la iniciativa como una idea de política pública que, en caso de avanzar, debería atravesar los procedimientos institucionales, ambientales y eventualmente licitatorios correspondientes.
Finalmente, puso el foco en los costos que implica preservar y mantener un área de estas características. Mencionó tareas de seguridad, limpieza, iluminación, control ambiental, mantenimiento y recuperación ecosistémica, y señaló que el Plan de Manejo contempla ingresos provenientes de concesiones, permisos, estacionamiento y nuevos servicios para contribuir al funcionamiento de la Reserva.
En el cierre de su planteo, Presas aclaró que no propone construir un hotel “a cualquier precio ni en cualquier lugar”, sino estudiar si puede desarrollarse un proyecto turístico de categoría en un sector ya transformado de la Isla, preservando y eventualmente recuperando las áreas ambientalmente más valiosas.
Su posición es que, si los estudios determinan que existe una alternativa ambientalmente sustentable y jurídicamente posible, no debería descartarse de antemano por involucrar inversión privada, turismo o desarrollo económico. La propuesta, sostuvo, es estudiar primero y decidir después a partir de la evidencia, procurando compatibilizar la preservación de los sectores naturales de la Isla con la necesidad de Concepción del Uruguay de atraer inversiones, generar empleo y ampliar sus oportunidades de desarrollo.
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