El Poder Ejecutivo de Entre Ríos estableció mediante el decreto 3.692 la vigencia del estado de emergencia y desastre agropecuario desde el 1° de agosto de este año y hasta el 31 de julio de 2027 para los productores ganaderos y apícolas apostados en zonas de islas y anegadizos de los departamentos La Paz, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay e Islas del Ibicuy, concluyendo la normativa con la habilitación de beneficios fiscales y plazos especiales de pago.
La disposición firmada por el gobernador Rogelio Frigerio y sus ministros se sustenta en los informes técnicos elaborados por organismos como el Instituto Nacional del Agua, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la Prefectura Naval Argentina y la Comisión Provincial de Emergencia. En el documento se evaluaron los perjuicios económicos derivados de las inundaciones en humedales y franjas costeras, los cuales generaron mayores costos de traslado, ventas forzosas de hacienda y daños directos en las colmenas.
Para paliar la situación, la norma instruye a la Administradora Tributaria de Entre Ríos a posponer los vencimientos del Impuesto Inmobiliario Rural y Sub-Rural correspondientes a los períodos 2026 y 2027 hasta el 31 de enero de 2028. Asimismo, se implementó un plan opcional de hasta tres cuotas mensuales sin interés de financiación y la condonación de intereses resarcitorios, además de establecer exenciones totales para quienes obtengan el certificado de desastre agropecuario.
Para acceder a estas herramientas de asistencia económica y fiscal, las personas interesadas deberán presentar una declaración jurada ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, refrendada por profesionales de las ciencias agropecuarias. En paralelo, el ministro de Desarrollo Económico gestiona la extensión de la homologación del estado de emergencia ante el Gobierno nacional.
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