El equipo interventor del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) reveló serias irregularidades en el sistema de adquisición de medicamentos que rigió hasta diciembre de 2024. Según una auditoría técnica realizada en el marco de la intervención, las malas prácticas en la contratación provocaron pérdidas superiores a los 22.000 millones de pesos, afectando directamente los recursos disponibles para los afiliados y generando un importante perjuicio institucional.
Los hallazgos forman parte de una investigación más amplia que lleva adelante la Comisión Fiscalizadora, la cual sigue reuniendo pruebas para una próxima presentación ante el Tribunal de Cuentas. En paralelo, ya se inició un proceso de renegociación de deuda con proveedores del sector, lo que permitió mitigar parcialmente el impacto económico del desmanejo previo y avanzar hacia un nuevo modelo de gestión.
Un nuevo modelo de compra y distribución
La actual conducción del Iosper impulsa un nuevo esquema de aprovisionamiento y dispensa de medicamentos que busca revertir el déficit heredado. Según informaron fuentes oficiales, este modelo permitirá reducir el gasto en medicamentos del 50 al 35 por ciento del presupuesto de la obra social.
En esta etapa se mantiene al Colegio Farmacéutico de Entre Ríos como institución de referencia, y se suma la Cámara de Farmacias de Entre Ríos, con el objetivo de ampliar la cobertura geográfica y brindar beneficios concretos, como mayores descuentos en medicación ambulatoria.
Medicamentos de alto costo: reducción del pasivo y fallas en los controles
Uno de los puntos críticos señalados por la auditoría fue la gestión de medicamentos de alto costo, donde se identificaron errores de facturación, descuentos no aplicados y sobreprecios en las contrataciones. Gracias a las nuevas negociaciones, ya se logró reducir el pasivo en más de 3.800 millones de pesos, y las proyecciones indican que esa cifra podría superar los 4.200 millones.
Además, el informe expone una falta generalizada de control interno, especialmente en las autorizaciones y procedimientos administrativos. En un caso puntual, se detectó que una dirección interna del Instituto –sin competencia en la materia– realizó contrataciones simulando procesos por fuera de los convenios establecidos, en una maniobra que compromete seriamente la legalidad y la transparencia de la gestión anterior.
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