La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a ocho años de prisión e inhabilitación contra el exgobernador de Entre Ríos, Sergio Daniel Urribarri, en el marco de la causa por corrupción en los contratos de publicidad oficial. El fallo, firmado este jueves por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, se concretó tras rechazar por cuestiones procesales un planteo de la defensa del imputado Gustavo Tamay. La medida cerró la última instancia del expediente y habilitó a la Fiscalía a solicitar la detención del exfuncionario provincial.
El expediente judicial probó que entre enero de 2010 y septiembre de 2015 se realizaron 143 operaciones irregulares que causaron un perjuicio económico de 12.170.338,96 pesos a las arcas del Estado entrerriano. Asimismo, los peritajes detectaron desvíos de fondos públicos destinados a la difusión de actos de gobierno y de la precandidatura presidencial del propio exmandatario.
Según acreditó la investigación, durante la administración provincial se montó un esquema metódico para otorgar contrataciones directas de campañas publicitarias a empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri. Estas firmas figuraban a nombre de terceras personas y eludían los controles legales de libre competencia. Posteriormente, las contrataciones se aprobaban mediante decretos y se avalaban con actas de prestación ficticias.
Junto a la pena principal impuesta a Urribarri por negociaciones incompatibles con la función pública y peculado, la resolución judicial dejó confirmadas las condenas a seis años y seis meses de prisión para el exministro Pedro Ángel Báez y para Juan Pablo Aguilera. A su vez, el fallo consolidó las sentencias a prisión en suspenso e inhabilitación fijadas para Gustavo Tamay, Corina Cargnel, Gerardo Caruso, Luciana Almada y Emiliano Giacopuzzi.
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