Un grupo de diputados del justicialismo presentó un pedido de informes para que el Gobierno de Entre Ríos precise si mantuvo vínculos contractuales, comerciales o de pauta publicitaria con Madero Media Group, empresa encabezada por Fernando Cerimedo, desde el 10 de diciembre de 2023. La iniciativa tomaría estado parlamentario este miércoles.
El proyecto lleva la firma de la diputada Lorena Arrozogaray como autora, junto con Yari Seyler, Mariel Avila, Andrea Zoff y Silvia Moreno como coautores. El pedido está amparado en el artículo 117 de la Constitución provincial y está dirigido a la Administración Pública provincial y sus organismos descentralizados.
En caso de que haya existido algún vínculo con la firma de Cerimedo, los legisladores solicitan que se informe qué organismo o entidad provincial realizó cada contratación, además del objeto, la motivación, la causa, el monto y la fecha de las operaciones.
También requieren conocer el tipo y la cantidad de bienes o servicios adquiridos y la identidad de los funcionarios que intervinieron en la autorización y ejecución de las contrataciones, incluyendo sus cargos y funciones al momento de cada procedimiento.
El pedido incorpora además consultas específicas sobre la relación entre el Estado provincial y Madero Media Group. En ese sentido, solicita que el Gobierno explique qué mecanismos de control y transparencia aplica actualmente y que informe desde qué fecha la empresa de Cerimedo es proveedora de pauta publicitaria del Estado provincial.
En los fundamentos, Arrozogaray sostuvo que la iniciativa busca obtener información «precisa, completa y verificable» sobre la eventual existencia de vínculos entre la administración entrerriana y Madero Media Group. La diputada señaló que las contrataciones de empresas privadas con recursos públicos constituyen una cuestión de interés público y deben estar sometidas a criterios de transparencia, publicidad, eficiencia y control.
La legisladora también planteó la necesidad de determinar qué organismos intervinieron, cuál fue el objeto y fundamento de las contrataciones y qué montos estuvieron comprometidos, además de identificar a los funcionarios responsables.
Finalmente, Arrozogaray sostuvo que la Cámara de Diputados tiene la responsabilidad constitucional de ejercer el control sobre los actos de gobierno. Según expresó, acceder a esta información permitiría fortalecer el control legislativo y conocer el destino de los recursos públicos provinciales.
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