El economista y concejal Pablo Presas advirtió en Concepción del Uruguay sobre el severo impacto financiero que generará en las arcas municipales la aplicación de la Ley Provincial número 11.302 de Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional, proyectada sobre los datos de los primeros siete meses de 2026. La presentación realizada por el edil concluyó con el pedido de establecer pautas equitativas y de transición en la reglamentación del artículo 12, con el objetivo de frenar una retención automática de fondos de coparticipación que restaría unos 4.000 millones de pesos anuales a la economía local.
La norma, aprobada recientemente en la Legislatura provincial, busca amortiguar el creciente desequilibrio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. Sin embargo, el artículo 12 —que aún se encuentra pendiente de reglamentación— determina que las comunas y municipios adheridos al sistema deberán cubrir el déficit en la misma proporción en que lo hayan generado; para llevar a cabo este cobro, el gobierno provincial quedó facultado a descontar los montos de manera directa de los recursos coparticipables que envía mes a mes a las localidades.
Según las proyecciones elaboradas a partir de las estadísticas oficiales del organismo previsional, Concepción del Uruguay debería afrontar una erogación estimada en 4.000 millones de pesos por año; dicho monto representa aproximadamente el 6,8 por ciento del presupuesto municipal proyectado para el año 2026. La deducción automática afectaría en forma directa los ingresos corrientes destinados a proveedores, obras públicas, empleo y comercio de la ciudad, en un marco económico complejo afectado recientemente por la pérdida de puestos de trabajo en la firma GTA.
Frente a este escenario, el edil sostuvo que la reglamentación debe contemplar dos cuestiones centrales antes de ejecutar las deducciones: la memoria histórica de los aportes y la deuda que la Nación mantiene con Entre Ríos. Durante décadas, los municipios aportaron a un fondo solidario donde los excedentes quedaban en la masa común sin posibilidad de crear reservas locales, a diferencia de localidades como Gualeguaychú, que mantuvieron su propia caja municipal; por este motivo, se señala la necesidad de no individualizar abruptamente las pérdidas sin considerar los antecedentes. «Si los superávits fueron del sistema, ¿corresponde que ahora los déficits sean individualizados y cargados a cada municipio?», cuestionó Presas.
Por otro lado, la presentación advierte sobre la mora del Estado nacional en el envío de recursos previsionales que le corresponden a la provincia por no haber transferido su sistema. Para el concejal, la reglamentación provincial debe evitar que las municipalidades financien provisoriamente los atrasos de la Nación o que sufran un doble cobro cuando dichos fondos finalmente ingresen a Entre Ríos; en este sentido, concluyó que la resolución del problema previsional exige una solución con reglas claras, previsibilidad y un reparto equitativo de los costos entre todos los estamentos del Estado.
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