El intendente José Eduardo Lauritto brindó este lunes, a las 20, una conferencia de prensa en el Auditorio Arturo Illia de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, donde expuso detalles sobre la situación económica del municipio, el comportamiento de la recaudación y los desafíos que enfrenta la administración local. El mandatario aseguró que el presupuesto municipal alcanza los 59 mil millones de pesos y señaló que en los últimos dos meses se registró una mejora en los recursos provenientes de Nación y Provincia.
Durante su exposición, Lauritto explicó cómo se modificó la composición de los ingresos municipales en los últimos años. Según indicó, cuando comenzó la actual gestión, el 52% de los recursos provenía de la Nación y la Provincia, mientras que el 48% correspondía a ingresos propios del municipio.
Sin embargo, esa relación se fue alterando a partir de la caída de las transferencias externas. «Hace seis meses el 52% de los recursos eran municipales y el 48% nacionales y provinciales», detalló. Actualmente, según precisó, los ingresos se encuentran distribuidos en partes iguales, con un esquema de 50% de recursos propios y 50% de aportes nacionales y provinciales.
El intendente también se refirió a un episodio que generó preocupación dentro de la administración local. Explicó que el municipio recauda en promedio alrededor de 3.300 millones de pesos mensuales, pero en marzo registró una disminución abrupta de aproximadamente 501 millones de pesos, producto de una caída simultánea de recursos nacionales, provinciales y municipales.
Más allá de la recuperación observada durante abril y mayo, Lauritto advirtió que el escenario continúa siendo complejo. «Llevamos 18 meses en los que el deterioro no se detiene«, afirmó al describir el impacto que tiene la reducción de ingresos sobre las finanzas locales.
Uno de los aspectos más relevantes de su exposición estuvo vinculado a la pérdida de aportes de grandes contribuyentes. En ese sentido, recordó el cierre de la planta de combustibles de YPF en la ciudad, situación que implicó dejar de percibir alrededor de 24 millones de pesos mensuales.
Sobre ese proceso, sostuvo que mantuvo conversaciones con autoridades de la empresa para intentar conocer los motivos de la decisión, aunque le transmitieron que se trataba de una medida definitiva. Además, señaló que el cierre prácticamente no representó una reducción de costos para la compañía, ya que de una dotación de 24 trabajadores solamente permanecieron cuatro empleados junto al personal de seguridad.
A esa situación se sumó la pérdida de aportes vinculados a Petrobras, que involucraba a otros 14 trabajadores. Para el jefe comunal, ambos casos representan un impacto significativo sobre los ingresos municipales.
Lauritto también mencionó que existen empresas que no realizan aportes debido a distintos regímenes de exención. Entre ellas nombró a Fepasa y a Arroz Gallo, dos actores relevantes dentro de la actividad económica local. Según indicó, estas situaciones reducen la capacidad de recaudación de la comuna.
En relación con las tasas municipales, el intendente aseguró que Concepción del Uruguay mantiene valores inferiores a los de otras ciudades entrerrianas, como Paraná. Explicó que durante los últimos años se aplicaron incrementos, aunque consideró que fueron reducidos en comparación con la evolución de la economía.
Otro de los puntos abordados fue la deuda que mantiene Granja Tres Arroyos. Lauritto señaló que el municipio continúa dialogando con la empresa para intentar encontrar una solución, aunque recordó que recientemente se iniciaron acciones judiciales para resguardar los intereses de la ciudad.
En ese marco, reveló que la Municipalidad impulsó un juicio de apremio después de más de una década sin utilizar esa herramienta. Según explicó, la medida buscó proteger los recursos públicos ante una deuda que ronda los 1.800 millones de pesos.
El intendente indicó además que, en el marco de esas actuaciones, se dispuso el embargo de bienes, aunque posteriormente se liberaron fondos para garantizar que los trabajadores pudieran cobrar sus salarios. La intención, aseguró, fue preservar tanto los derechos laborales como los intereses económicos del municipio.
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