La fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, desmintió al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, quien había asegurado que Argentina retiró la denuncia penal contra el proyecto de instalación de una planta de HIF Global en Paysandú. La funcionaria afirmó este viernes que la presentación continúa vigente y que la causa sigue en trámite ante la Justicia Federal de Concepción del Uruguay.
“La denuncia no se retiró. Fue impulsada por mí y no he tenido las respuestas por parte de la República Oriental del Uruguay que he solicitado con respecto al proyecto”, explicó Minatta. Además, remarcó: “Bajo ningún punto de vista la denuncia se ha cerrado. El presidente Orsi ha dado una información que no es verídica”.
Las declaraciones surgieron luego de que medios uruguayos informaran que Orsi sostuvo que el proyecto para instalar la planta continúa en marcha y que Argentina había retirado la denuncia penal. El mandatario realizó esas declaraciones durante una rueda de prensa en Paysandú, en el marco de la inauguración de obras sobre una ruta.
La denuncia fue presentada por Minatta en febrero ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay por presunto daño ambiental vinculado con el proyecto que HIF pretendía desarrollar frente a la ciudad entrerriana de Colón. La fiscal planteó posibles riesgos de contaminación y cuestionó el cumplimiento del Estatuto del Río Uruguay.
“Hasta que no tengamos algunas certezas, la causa va a continuar en trámite”, ratificó Minatta. También señaló que “no hay ninguna información cierta” sobre una eventual relocalización de la planta y advirtió que, si el nuevo emplazamiento también se ubicara sobre el río Uruguay, el riesgo de contaminación continuaría.
En paralelo, sigue avanzando la acción civil impulsada por los legisladores entrerrianos Guillermo Michel, Marianela Marclay y Adán Bahl. Los tres fueron aceptados como amicus curiae por el juez federal Hernán Viri y también participan de la demanda preventiva vinculada con la relocalización del proyecto.
Entre las medidas dispuestas en ese expediente se encuentran una pericia ambiental y un pedido de información a la Comisión Administradora del Río Uruguay para determinar si el organismo fue notificado sobre el proyecto y si HIF Uruguay presentó el Estudio de Impacto Ambiental Transfronterizo.
La Justicia también solicitó documentación a organismos uruguayos vinculada con HIF Global y sus empresas relacionadas. La última medida destacada ocurrió el 21 de agosto, cuando el juez Viri realizó un reconocimiento judicial en las costas de Colón junto con la bióloga Viviana Cousté, designada como perito, y los legisladores que impulsan la demanda.
La posibilidad de relocalizar la planta había cobrado fuerza durante los últimos meses, con la posibilidad de utilizar un predio de Ancap en Uruguay. El proyecto contempla una inversión cercana a los 6.000 millones de dólares y es presentado como una de las mayores inversiones de la historia del país vecino.
Desde el Gobierno de Entre Ríos se habían llevado adelante gestiones con autoridades uruguayas para evitar un conflicto ambiental similar al generado hace unas dos décadas por la instalación de la planta de Botnia en Fray Bentos. El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo reuniones con Orsi y funcionarios de su gobierno y había planteado incluso la posibilidad de recurrir a organismos internacionales.
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