La Red de Prestadores de Servicios para la Discapacidad de Entre Ríos reclamó la inmediata aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, promulgada el pasado 22 de septiembre, pero aún sin ejecución por decisión del Gobierno nacional. El reclamo se difundió a través de un comunicado en redes sociales, donde los prestadores advirtieron que “esto ya no es una demora administrativa: es una emergencia real que afecta a miles de personas y familias en todo el país”.
El Gobierno nacional informó que la ley comenzará a aplicarse cuando el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento y las partidas correspondientes en el presupuesto nacional. Sin embargo, los prestadores advirtieron que la situación se agrava día a día, con centros que cierran sus puertas y profesionales que aún no cobraron sus servicios. “La discapacidad no puede esperar trámites ni excusas”, expresaron.
La Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso y promulgada el mes pasado tras el rechazo del veto presidencial, declara la emergencia en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2026. Entre sus principales medidas, la norma busca garantizar el financiamiento adecuado de las pensiones por discapacidad, la actualización de los aranceles de las prestaciones básicas y la regularización de deudas tributarias de los prestadores.
También dispone el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad, la creación de mecanismos de diálogo con las organizaciones del sector y la apertura de nuevos ingresos al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad. Además, faculta al Poder Ejecutivo Nacional a otorgar una pensión inembargable a toda persona con discapacidad o mayores de 70 años con Certificado Único de Discapacidad (CUD) que no cuente con recursos suficientes.
Los prestadores entrerrianos recordaron que el texto fue aprobado por unanimidad en el Senado y con 149 votos a favor en la Cámara de Diputados, lo que evidencia el consenso político que acompañó su sanción. Sin embargo, remarcaron que “la falta de aplicación inmediata convierte esa unanimidad en una promesa incumplida para miles de familias que dependen de la atención diaria de los servicios de discapacidad”.
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