Seis internos federales alojados en el Pabellón Módulo E de la Unidad Penal Nº 9 “El Potrero”, de Gualeguaychú, denunciaron el 10 de agosto malos tratos y arbitrariedades durante las requisas por parte de agentes del Servicio Penitenciario Provincial. Tras analizar el caso, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná resolvió que la denuncia sea tramitada por la Justicia provincial y ordenó al director del penal adoptar medidas urgentes para garantizar la salud y seguridad de los detenidos.
El planteo fue formalizado por las defensoras públicas oficiales María José Bonifacino y Paulina Di Pretoro, quienes el 27 de agosto solicitaron una audiencia virtual urgente con las autoridades de la unidad penal. Según expusieron, los internos también denunciaron falta de atención psicológica y psiquiátrica, además de episodios de ansiedad, ataques de pánico y alteraciones de conducta.
Las defensoras señalaron además problemas en el área de sanidad ante emergencias médicas y restricciones que, según la presentación, afectaban la vida diaria y los derechos básicos de los detenidos. Ante esa situación, la jueza federal subrogante del Juzgado Federal Nº 1 de Concepción del Uruguay, Analía Graciela Ramponi, dio al planteo el trámite de Habeas Corpus y consideró que podía existir una agravación ilegítima de las condiciones de privación de la libertad.
Sin embargo, Ramponi declaró su incompetencia territorial y ordenó remitir las actuaciones al Juzgado Federal de Gualeguaychú. El caso llegó luego a la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, que el 28 de agosto determinó que la investigación no corresponde al fuero federal, ya que los hechos denunciados involucran a personal del Servicio Penitenciario Provincial y no a funcionarios o dependencias nacionales.
Por ese motivo, la Cámara confirmó la incompetencia del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, pero también descartó que el expediente quedara en manos del Juzgado Federal de Gualeguaychú y dispuso su remisión a la Justicia provincial de esa ciudad. Al mismo tiempo, ordenó al director de la Unidad Penal Nº 9, Lucas Ariel Dufour, arbitrar de manera urgente medidas para garantizar la salud y seguridad de los internos e informar al juzgado federal sobre las acciones implementadas.
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