El concejal de Concepción del Uruguay, Juan Martín Garay, difundió este miércoles una opinión pública luego de que la Justicia provincial dispusiera, mediante una medida cautelar, la suspensión preventiva del sistema centralizado de provisión de alimentos para comedores escolares. Según expresó, la resolución también ordena restablecer transitoriamente el mecanismo que se utilizaba antes de la implementación del nuevo esquema.
En su análisis, el edil sostuvo que el debate excede la cuestión económica y plantea una discusión sobre el modelo de gestión provincial. Recordó que días atrás había cuestionado que la centralización de las compras implicara que recursos que antes permanecían en Entre Ríos dejaran de circular en la economía local.
Garay señaló que la resolución judicial no resuelve el fondo del conflicto, pero remarcó que dispone que la Provincia deje de distribuir productos que, según la cautelar, no cumplen con la Ley de Etiquetado Frontal. Además, indicó que la decisión ordena garantizar el abastecimiento mediante la modalidad descentralizada vigente con anterioridad.
En el documento, el concejal afirmó que la medida judicial protege el derecho de niños, niñas y adolescentes a recibir una alimentación saludable y consideró que el sistema centralizado, presentado por el Gobierno como una mejora, quedó ahora bajo cuestionamiento en sede judicial.
Por último, Garay sostuvo que los cambios en los mecanismos de compra del Estado deben realizarse con mayor transparencia, controles y garantías. También expresó que será el proceso judicial el que determine las responsabilidades sobre el caso, aunque interpretó que la cautelar constituye un mensaje político respecto de la implementación de la reforma.
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