La influencer y cantante santiagueña Valentina Olguín (26) fue denunciada ante la Justicia Federal por haber utilizado, sin autorización, los datos fiscales del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, para importar ropa desde Estados Unidos. Pero el escándalo no termina ahí: también habría utilizado los CUIT y domicilios fiscales de otros cuatro mandatarios provinciales, entre ellos el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.
La maniobra, que quedó al descubierto cuando Jaldo recibió una notificación aduanera por una compra que jamás realizó, puso en evidencia la fragilidad de los controles sobre los datos fiscales de figuras públicas. «No usaron mi tarjeta ni mi plata, pero usaron mi nombre. Esto es muy grave. Hay asesoramiento detrás, no es la acción de una sola persona», sostuvo el mandatario tucumano en conferencia de prensa.
Según la investigación, la joven utilizó el sistema de courier para ingresar indumentaria de alto valor desde plataformas como Revolve, burlando las restricciones impuestas por la AFIP. En un principio, operaba con su propio CUIT, pero al superar el límite anual de cinco mil dólares, habría comenzado a usar identidades ajenas, entre ellas las de los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Claudio Poggi (San Luis), Sergio Ziliotto (La Pampa) y el mencionado Frigerio.
Olguín, con más de 400 mil seguidores en Instagram y antecedentes en la banda de cumbia pop «Dame 5», se defendió en sede judicial alegando que consiguió los datos a través de Internet. Fuentes cercanas aseguran que “nunca supo que estaba cometiendo un delito” y que está “muy arrepentida”.
La causa está en manos del juez federal José Manuel Díaz Vélez y del fiscal José Agustín Chit, quienes avanzan en la investigación por posibles delitos de falsificación de documentos públicos, evasión fiscal y uso indebido de datos fiscales protegidos. En los allanamientos realizados en un domicilio vinculado a la influencer, en el barrio porteño de Núñez, se secuestraron dispositivos electrónicos que podrían aportar más pruebas.
Desde el entorno de Olguín afirman que la causa no es nueva y cuestionan el momento en que se hizo pública. Sin embargo, el impacto mediático y político de la denuncia se multiplicó al conocerse la identidad de los afectados, en su mayoría figuras de alto perfil del arco político nacional.
Por su parte, el gobernador Frigerio no se ha pronunciado públicamente hasta el momento, aunque fuentes cercanas confirmaron que también tomó medidas judiciales. La situación ha encendido alertas en varias jurisdicciones sobre el nivel de exposición de los datos personales y la debilidad de los controles aduaneros.
El caso genera preocupación no solo por la dimensión del fraude, sino también por lo que revela: una estructura montada para el contrabando hormiga de productos de lujo, operando con identidades de funcionarios públicos de primer nivel. La causa podría derivar en penas de hasta ocho años de prisión efectiva.
Desde Entre Ríos, se espera que la Justicia actúe con celeridad ante un hecho que combina elementos de la farándula digital con una trama compleja de delitos federales. El escándalo recién empieza.
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