La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) de Entre Ríos advirtió que la provincia atraviesa un escenario crítico para el sector productivo. Según las estimaciones difundidas por la entidad, más de 900 empresas cerraron desde fines de 2023, mientras que más de 9.000 trabajadores perdieron sus empleos, una situación que, aseguran, continúa agravándose durante 2026.
El presidente de Apyme Entre Ríos, Rafael Vicentín, explicó que los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo muestran que entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 dejaron de operar 868 empresas en la provincia y se registró la pérdida de 8.600 puestos de trabajo. Con la evolución de los últimos meses, indicó que las cifras ya superan las 900 firmas cerradas y los 9.000 empleos perdidos.
Para el dirigente, las micro, pequeñas y medianas empresas son las más afectadas, ya que cuentan con menores posibilidades de sostener su actividad frente al actual contexto económico. En ese sentido, atribuyó la situación principalmente a la caída del poder adquisitivo de la población, lo que, según afirmó, redujo el consumo y afectó directamente las ventas del comercio y la industria.
Vicentín sostuvo además que los indicadores oficiales muestran que buena parte de asalariados, jubilados y pensionados perciben ingresos por debajo de la canasta básica, lo que limita aún más la capacidad de consumo. También consideró que, de mantenerse las actuales políticas económicas, no existen señales que permitan anticipar una recuperación del sector.
Otro de los puntos cuestionados por Apyme fue la apertura de importaciones de productos terminados. Según el dirigente, esa política genera una competencia desigual para la industria nacional, especialmente frente a países con estructuras productivas que permiten ofrecer precios inferiores a los de las empresas locales. A su entender, esa situación favorece el cierre de establecimientos y la pérdida de puestos laborales.
Finalmente, Vicentín reclamó mayores regulaciones para proteger la producción nacional y sostuvo que numerosos países desarrollados aplican mecanismos para resguardar a sus industrias. Además, advirtió que muchos trabajadores desplazados del sector formal terminan desempeñándose en actividades precarias, como aplicaciones de transporte o plataformas de reparto, un escenario que, según expresó, no contribuye a mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población.
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