El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay declaró en rebeldía y ordenó la captura nacional e internacional de Rubén Alberto Cabra, alias «Petro», quien había sido condenado el 16 de junio a diez años de prisión por trata de personas y promoción y facilitación de la prostitución. La medida fue adoptada luego de que el condenado incumpliera las reglas de conducta impuestas por la Justicia y se desconociera su paradero.
La resolución fue firmada el 24 de junio por el juez Jorge Sebastián Gallino, quien consideró acreditado que Cabra abandonó el domicilio que había fijado sin autorización judicial y que no pudo ser localizado pese a las tareas de búsqueda realizadas por la Gendarmería Nacional. Por ese motivo, dispuso su declaración de rebeldía y libró la correspondiente orden de captura.
Tras la sentencia, el tribunal había decidido mantenerlo en libertad hasta que la condena quedara firme, aunque le impuso una serie de obligaciones. Entre ellas, fijar un domicilio, presentarse semanalmente ante la Sección Villa Ángela de Gendarmería, no salir del país sin autorización judicial y mantenerse alejado de la víctima y de su entorno familiar.
Cuando la fuerza federal intentó notificarlo para que firmara el acta con esas condiciones, su madre informó que hacía aproximadamente un mes desconocía dónde se encontraba. Luego, las averiguaciones realizadas en distintos domicilios y las entrevistas con familiares tampoco permitieron establecer su ubicación. Incluso, una allegada indicó que el condenado había retirado todas sus pertenencias de la vivienda donde residía.
La causa se inició en 2019 a partir de una denuncia realizada a la línea 145 y fue investigada por la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay. En el juicio quedó acreditado que entre 2006 y fines de 2008 Cabra captó mediante una falsa oferta laboral a una adolescente de 17 años de Villa Ángela, Chaco, la trasladó hasta la costa del Uruguay y la explotó sexualmente en un prostíbulo conocido como «Snack Bar», donde fue sometida a violencia, amenazas y un sistema de endeudamiento que le impedía abandonar el lugar.
Por esos hechos, Cabra fue condenado a diez años de prisión por los delitos de trata de personas y promoción y facilitación de la prostitución. Tras incumplir las condiciones impuestas por el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, ahora es buscado por orden de la Justicia en todo el país y también a través de los mecanismos de cooperación internacional.
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