El Juzgado Federal de Victoria, a cargo del juez Federico Martín, admitió formalmente el recurso de amparo presentado por el senador Adán Bahl y los diputados Guillermo Michel y Marianela Marclay contra el Estado Nacional. La resolución judicial ordenó al Ministerio de Economía de la Nación y a la Dirección Nacional de Vialidad informar en un plazo de tres días sobre el destino de los fondos recaudados a través del impuesto a los combustibles, cuyo fin legal es la infraestructura vial en la provincia de Entre Ríos.
Con el patrocinio letrado del abogado Valodia Nichajew, los legisladores impulsaron la causa bajo el argumento de que los recursos del Sistema Vial Integrado poseen afectación específica por ley. Según expusieron los demandantes, la retención de esos montos para colocaciones financieras con el objetivo de sostener el equilibrio fiscal desvirtúa su destino original, afectando de manera directa el mantenimiento de trazas claves de la región como las rutas nacionales 12, 14, 18, 127, 135 y 174.
De acuerdo con las cifras aportadas en la presentación judicial, entre enero de 2024 y mayo de 2026 ingresaron al sistema más de 1,5 billones de pesos a nivel nacional, de los cuales solo se ejecutaron 394.406 millones en obras públicas. En ese contexto, los amparistas destacaron que más de un billón de pesos fue derivado a títulos públicos y plazos fijos, mientras de forma paralela se otorgó la concesión de tramos pertenecientes a las rutas 12 y 18 sin aclarar el destino del dinero acumulado en los últimos dos años.
Finalmente, el juez ordenó librar los oficios correspondientes para que los organismos nacionales expongan las condiciones de admisibilidad y el interés público comprometido antes de resolver la medida cautelar. La intimación judicial busca frenar el deterioro de la red vial en el territorio entrerriano y exigir la reactivación inmediata de los trabajos de conservación pendientes en las arterias del departamento Uruguay y zonas aledañas.
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